Germán Vargas Farías

Los recientes sucesos en Venezuela, me refiero al autogolpe de Estado perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro, revelan la importancia de conmemorar episodios nefastos como el autogolpe de Estado ocurrido en el Perú el 5 de abril de 1992.

Hace exactamente 25 años, Alberto Fujimori disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales para emprender una reforma cuyo objetivo fue controlar todo el aparato estatal haciéndolo funcional a su propósito de detentar el poder durante un largo periodo.

Se trató de un plan meticulosamente preparado que consolidó la sociedad entre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, un abogado de narcotraficantes y excapitán del Ejército Peruano que devino en su principal asesor. Esta alianza contó durante varios años con la adhesión del general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, comandante general del Ejército Peruano y luego presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El plan urdido consiguió que la mayoría de la población aprobase el autogolpe, inventándose razones para sostener que la mejor manera de defender la democracia era destruyéndola. Ese disparate se dice y repite aún ahora, pese a que previo al 5 de abril ya se advertían cambios favorables en la economía del país así como en la lucha contra el terrorismo, por lo que incluso aliados del fujimorismo como Hernando de Soto, años más tarde, calificaron el autogolpe como una estupidez sin excusas.

Conviene recordar que el 5 de abril de 1992 se inauguró un gobierno autoritario y corrupto, cuya catadura lo refleja hoy la condena y prisión del triunvirato criminal que conformaron Fujimori, Montesinos y Hermoza, así como de varios de los exministros y altos mandos militares que sirvieron a la dictadura.

Y el demérito de ese régimen fue tal, que Alberto Fujimori fue incluido en la lista de los gobernantes más corruptos del mundo, compartiendo “honores” con sujetos como Suharto, el gobernante de Indonesia que durante 32 años le robó a su país miles de millones de dólares.

Hacer memoria de un periodo aciago como el de los noventa, implica también reconocer la resistencia de personas y organizaciones diversas que pese a la adversidad participaron activamente en la movilización por la recuperación de la democracia en el país. Quiero rendir, a través de esta modesta columna, un homenaje a las organizaciones de la sociedad civil, y en especial a quienes conforman el movimiento de derechos humanos, pues supieron perseverar y dar muestras de coraje en esa lucha.

Se trata de los mismos que enfrentan hoy las amenazas que se advierten en este tiempo sobre nuestra frágil institucionalidad democrática. Los que no vacilan en llamar dictadura a lo que empezó hace 25 años en nuestro país, así como a lo que sucede en un país como Venezuela.

Son los mismos que entendemos, como dice el  secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que “callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política”, y que insistiremos para que la democracia y los derechos de todos y todas sean respetados en el Perú, en Venezuela, y en cualquier otro país de la región y el mundo.