Lucio E. Santamaría Rodríguez

En principio, el arresto ciudadano es una de las formas de combatir la delincuencia en nuestro país innovado con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, sin embargo, muchos abogados de la defensa pública y  políticos de nuestro país  se opusieron en un primer momento a dicho medio establecido en el artículo 260° del Código Procesal Penal, argumentando que dicho acto era inconstitucional ya que conforme manda la Constitución política del Estado, específicamente su artículo dos numeral 24, inciso f) señala expresamente que: “…nadie puede ser detenido sino únicamente por dos situaciones esto, mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrancia del delito…”. Por lo que decían que el arresto ciudadano no se encontraba especificado dentro de tales circunstancias; lo cual no es cierto ya que el arresto ciudadano tiene como partida de nacimiento el artículo dos aludido, específicamente en el numeral 2 inciso b) que señala: “…No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.” Así es,  está claro que la regla general es que  no se permite forma alguna de restricción de la libertad, sin embargo de manera excepcional la continuación de este párrafo explícitamente señala que únicamente podría hacerse la restricción de la libertad en casos previstos por la ley, una norma con dicho rango, como es el Código Procesal Penal (restricción de la libertad más no detención), es decir, mediante este mecanismo se permite a cualquier ciudadano retener por tiempo mínimo al sujeto que está cometiendo delito flagrante e inmediatamente está obligado de ponerlo a disposición a la autoridad policial más cercana.

Esto, nos permite concluir que si bien “la libertad personal” es un derecho constitucional no absoluto, ya que si bien, el derecho a la vida está protegido por la Constitución, sin embargo, también se contempla no sólo la pena de muerte, sino la eximente de responsabilidad cuando ante una agresión ilegítima quitamos la vida a una tercera persona cuando vemos en peligro un bien jurídico tutelado como es la propia integridad o de terceros, la llamada “legítima defensa”.

Siendo así, la reflexión que antecede demuestra que los derechos fundamentales no son absolutos. Ellos han sufrido y sufren en el Estado constitucional una necesaria flexibilidad, haciéndolos relativos y hasta cierto punto maleables. Sin embargo, no debemos quitarles la condición de fundamentales,  lo que quiero decir, al igual que la propuesta del maestro  Gustavo Zagrebelsky (en su obra derecho Ductil, editado por Trotta – Madrid en 1995), implica reconocer que la vulneración de derechos fundamentales admiten excepciones y que por tanto, han dejado de ser los derechos absolutos del Estado, para ser compatibilizados con otros valores constitucionales, en un contexto de ponderación que representa la dimensión comparativa de los derechos fundamentales.

Entonces, era necesario tocar la excepcionalidad para comprender el arresto ciudadano que como vemos es absolutamente legal, además se ajusta a la gran ayuda que prestan los miembros de Serenazgo a nivel nacional así como buenos ciudadanos, quienes a no ser por esta facultad se encontrarían pues impedidos de actuar y restringir la libertad de personas que se encuentran cometiendo hechos ilícitos en flagrancia.

El artículo 260 del Código Procesal Penal vigente especificamente en lo que es arresto ciudadano, desde el 1 de julio de 2009 mediante ley N° 29372 dispone que cualquier persona puede realizar un arresto en caso de flagrancia delictiva, debiendo entregar inmediatamente al sospechoso y el cuerpo del delito de ser el caso a la Policía quien inmediatamente comunica al Representante del Ministerio Público. Debemos entender que es un acto de colaboración y no de sustitución de la función de la Policía Nacional. Además desde el punto de vista funcional es mi parecer que la intervención en flagrancia por arresto ciudadano es obligatorio para el personal de Serenazgo (-que por cierto no viene desempañando en nuestra localidad, ya que como vemos los miembros de Serenazgo en nuestra ciudad sólo es visto por las mañanas en el mercado atacando y quitando mercadería a todo vendedor ambulante y no combatiendo la delincuencia-) más no para el ciudadano común y corriente para quien dicha actuación es facultativa.

La entrega del arrestado a las autoridades debe ser el tiempo que toma para dirigirse a la comisaría más cercana, teniendo en cuenta que esto debe realizarse sin violencia si fuera el caso. Incluso de encontrarse con un policía en el camino sea de cualquier especialidad (tránsito, criminalística, seguridad ciudadana) el intervenido debe ser puesto a su disposición para que éste al mismo tiempo lo lleve a la Comisaría del lugar, por ningún motivo puede retenersele ni encerrarlo en ningún lugar; esto para evitar tragedias como pasó por ejemplo en el año dos trece catorce en la ciudad de Cayna donde la población intervino a cuatro personas que habían acabado con la vida de un empresario del lugar  para robarle su dinero, es así que los pobladores lejos de ponerlos a disposición mataron a dos de ellos y ahora se encuentran inmersos en la comisión del delito de Homicidio el cual ya se encuentra en etapa de Juzgamiento.

Luego de ser puesto el intervenido a disposición de la Comisaría, por personal de Serenazgo por ejemplo y/o ciudadano, el policía está en la obligación de redactar un Acta donde se haga constar la entrega y demás circunstancias de intervención debiendo entregar una copia a personal de Serenazgo y/o ciudadano a efectos de que luego se pueda dar seguimiento al caso. En consecuencia, teniendo en cuenta el índice de criminalidad, consideramos que la implementación del arresto ciudadano es una medida positiva, siendo que el Ministerio Público, a través del Fiscal de la Nación en su momento fue uno de los primeros en solicitar al Ministerio del Interior la implementación del marco legal sobre el arresto ciudadano para que miembros del Serenazgo especialmente tengan facultad de arrestar a una persona en flagrante delito.