Pier Paolo Marzo Rodríguez

En Huacrachuco tenemos 160 personas retornantes la semana pasada. A la ciudad de Huánuco llegaron 138 (en vehículos que hacen servicios a Ayacucho, curiosamente). Y seguirán llegando, tras verdaderas odiseas marcadas por la desesperación de un lado y la fraternidad del otro. En todo el país la situación de las personas que no tienen más opción de vida que regresar a sus localidades o comunidades de origen, exige una gestión pública que además de ser eficiente y  eficaz, sostenga su legitimidad en la gestión de la fraternidad ciudadana que espontáneamente aparece para ayudarlas. Fraternidad ciudadana que en otro frente y otra región, Loreto, acaba de conseguir la donación de 1 millón 4 mil treinta soles para una planta de Oxígeno recaudados de ciudadanos y ciudadanas por el párroco Raymond Fratelli. Y que en todo el Perú ha generado iniciativas de apoyo ciudadano a los olvidados por el Estado.

Por su lado, el gobierno nacional ha ampliado en dos semanas la cuarentena, anunciando una mayor presencia policial y militar para sostenerla. Antes, luego de reunirse con representantes de alcaldes, había anunciado una estrategia para detener la aglomeración en los mercados, de competencia municipal.

Precisamente, es en el nivel municipal de gobierno donde mejor puede gestionarse la fraternidad ciudadana que responde a las urgencias de la población. Esto en línea con los principios de la nueva gestión pública, que busca llegar a metas comprometiendo a los ciudadanos en la satisfacción de sus necesidades.

 

A fin de aportar con las gestiones municipales, recordaré parte del marco legal que desarrolla el artículo 195 de la Constitución, que en su inciso 8 les atribuye competencias para Desarrollar y regular actividades o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.”

Bajo dicha norma, la Ley Orgánica de Municipalidades indica en su artículo 73 que “ …Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende:

  1. En materia de participación vecinal

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local.

5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.

5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción.

  1. En materia de servicios sociales locales

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población.

 6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales.”

Sin entrar en detalles, es claro que el marco legal actual es suficiente para que los servidores municipales, comenzando por los alcaldes y siguiendo por los gerentes, concerten con las organizaciones sociales o vecinales (que deberían estar registradas) los programas y actividades dirigidos al desarrollo y la protección de la población. En concreto, las medidas de reparto de canastas alimentarias debieron concertarse con las organizaciones vecinales o sociales en cada barrio, las medidas para evitar la aglomeración en los mercados y las calles aledañas debieron contar con la participación de las asociaciones de comerciantes y las juntas vecinales; las medidas de apoyo a los retornantes deben convocar a sus comunidades o vecindades y en general, las medidas que aseguren una “cuarentena inteligente” en estos días y el distanciamiento social permanente luego, sólo podrán sostenerse con la participación ciudadana convocada por los funcionarios, que han de asumirse como gestores estrategas de las fuerzas sociales que existen en cada localidad.

De esta manera, el cambio que ya se está gestando en el sector más consciente y fraterno de la población podrá ser catalizado en las estructuras administrativas. Y aunque no se advierte una conciencia de esto en los mensajes del Gobierno nacional, aún estamos a tiempo para que los gobiernos locales gestionen la fuerza de la fraternidad ciudadana en favor de su población.