Durante el allanamiento a la casa del exministro del gobierno de Alberto Fujimori y dirigente de Fuerza 2011 liderado por Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, las autoridades le encontraron, entre otras cosas, un arma de fuego y dos mil cartuchos de municiones. Fue detenido y a las pocas horas en medio de las protestas de los congresistas fujimoristas, fue puesto en libertad.

El trato que Yoshiyama ha recibido de la justicia dista mucho de la que reciben humildes campesinos del Alto Huallaga que son sorprendidos con armas de fuego, incluso hechizas, que usan para capturar animales salvajes para su subsistencia familiar.

Sí, mientras los policías, fiscales y jueces se muestran severos, estrictos cumplidores de la ley con los campesinos, dejan libre al poderoso Yoshiyama, que no solo formó parte del gobierno más corrupto del país, sino que también está envuelto en el mayor escándalo de corrupción latinoamericano propiciado por Odebrecht.

En la cárcel hay varios campesinos por el solo hecho de tener armas hechizas que usaban como tramperos o cartuchos, porque así lo dispone la ley. Pero Yoshiyama, a pesar de la flagrancia del delito, será “investigado” en libertad. El fiscal debió pedir audiencia de prisión preventiva y allí discutirse si le correspondía o no enfrentar la investigación en libertad o preso, como tantos otros detenidos con armas o con municiones. Ya ven que la justicia no mide a todos con la misma vara y eso es peligroso para la democracia.