El final del juicio por abuso de autoridad contra el exalcalde de Huánuco, Jesús ‘Koko’ Giles Alipázaga, sus entonces gerentes de Desarrollo Económico, Josías Leandro, y Secretaría General, Javier Dávila, se sigue dilatando. La audiencia programada para ayer para los alegatos finales de la Fiscalía y los abogados de los acusados se aplazó hasta el próximo lunes 26 de junio a las 8.30 de la mañana.

Los recursos planteados por los abogados de los procesados, principalmente de Giles Alipázaga, y la pogramación de otra audiencia de la magistrada Carolina Mejía, obligaron a suspender la audiencia por diez días.

Esta vez, Ramiro Surichaqui, abogado de Giles invocó la figura jurídica del remedio procesal para solicitar a la jueza la revisión de su resolución que declaró improcedente su pedido de que se declare la prescripción del proceso judicial y que rechazó su apelación. La magistrada —que conjuntamente con el fiscal Alexander Retamozo sostienen que aún no opera la prescripción— rechazó el pedido del abogado, al que se sumaron sus dos colegas, y defendió que no opera la apelación contra esta decisión.

Surichaqui alegó que la decisión de la jueza vulnera su derecho a la pluralidad de instancias.

La jueza advirtió que hay una conducta dilatoria en los abogados.

Para la denunciante Carola Córdova, los recursos planteados por los abogados de los denunciados solo buscan seguir dilatando el proceso, conducta que, dijo, se ha repetido en todo el proceso en busca de la prescripción del caso.

“Múltiples veces los abogados, ‘Koko’ Giles y sus coacusados se han enfermado para dilatar el proceso (…) en una de esas veces Giles presentó un certificado médico aduciendo que tenía un problema de afonía total, sin embargo estaba en su radio haciendo locución”, comentó la empresaria que acudió al Poder Judicial porque Giles ordenó tapiar la puerta de su agencia de viajes en el 2012.

 

Como en los tiempos de su gobierno, humildes madres y niños fueron sacados a la calle en supuesto respaldo a Giles.