Germán Vargas Farías

La verificación del discurso público -el llamado fact-checking- es una contribución importante del periodismo de investigación, y ojalá fuese tan disuasivo que nos librase de tanta falacia en la política, así como en los medios y otros ámbitos de la sociedad.

Desde hace algún tiempo sigo atentamente los hallazgos de este ejercicio desde dos de los más grandes medios del país, y me agrada la objetividad y rigurosidad del cotejo que se realiza, desentrañando –muchas veces- las mentiras, imprecisiones o ligereza que caracteriza el discurso de personajes públicos u otros individuos que por alguna razón o circunstancia alcanzan cierta notoriedad.

El fact-checking no tendría que incomodar a nadie que acostumbre pronunciarse con responsabilidad, pero perturba sin duda a quienes pretenden que sus invenciones y medias verdades sean aceptados, cual si fuesen “sana doctrina”.

No es un ejercicio sencillo, más aún en un contexto en el que se interpreta la norma con tanta elasticidad y, si no se trastoca, se relativiza la ética.

Decir, por ejemplo, que en el Perú “hay un golpe de Estado” y que “estamos en una dictadura”, como señalan Rosa Bartra y Mauricio Mulder, es una afirmación tan perezosa que basta atisbar la realidad, o compararlo con lo acontecido desde el 5 de abril de 1992 hasta la caída de Fujimori, para entender que se trata de otra cosa.

El politólogo Alberto Vergara dice, sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso, que lo innegable es que existe una controversia, pero incluso dos medios internacionales comprometidos con la democracia sostienen, uno, que “el orden constitucional se mantiene intacto” (El País) y, otro, que “el acto es cuestionable pero que no hay un golpe de Estado” (The Economist).

Si no tiene sentido caracterizar la situación como golpe de Estado o dictadura, decir que estamos frente a un proyecto ‘castrochavista comunista vizcarrista’ es una estupidez. Sería inconcebible que tan ‘diabólico’ propósito tuviera el apoyo de Mario Vargas Llosa, ‘bestia negra’ para gran parte de la izquierda latinoamericana, y a quien el diario oficial cubano Granma llamó alguna vez “proselitista pro yanki” y una de las “vedettes del anticomunismo latinoamericano”.

Ha dicho el premio Nobel de Literatura, durante la presentación de “Tiempos recios”, su nueva novela: “Apoyo absolutamente al presidente Vizcarra. Ha hecho bien en cerrar el Parlamento, porque era una vergüenza para el Perú. Estaba integrado por semianalfabetos y pillos. Le negaron la confianza dos veces. Vizcarra actuó dentro de la más estricta legalidad”.

Aunque no se trata de hacer un fact-checking- de la opinión del escritor, hay abundante evidencia que sostiene lo que indica Vargas Llosa. Revise los nombres de los 130 congresistas, si lo duda. El parlamento era realmente una vergüenza y aunque siempre ha habido pillos y semianalfabetos, nunca tantos como en el disuelto congreso.

Ha dicho la Sociedad Interamericana de Prensa, por otro lado, que el Congreso ya defenestrado ha sido la principal fuente de agresión a la libertad de expresión en el Perú, mencionando como evidencia las iniciativas legislativas en contra de este derecho promovidas por Fuerza Popular y el Partido Aprista. Una simple revisión de tales iniciativas nos permitirá verificar que la afirmación de la SIP es verdadera.

Como se recordará, fue Mauricio Mulder, precisamente, uno de los más ardorosos promotores de esas iniciativas, que configuraron lo que la SIP llama agenda legislativa ‘anti-prensa’.

El ejercicio de la verificación del discurso público puede ser un antídoto contra las patrañas que encharcan nuestro derecho a la información. Es una práctica que podría ser implementada por las escuelas o facultades de periodismo, y por otras instituciones que reconozcan que la democracia se hace más fuerte cuando se sostiene en la verdad.

«El ejercicio de la verificación del discurso público puede ser un antídoto contra las patrañas que encharcan nuestro derecho a la información»