El Consorcio Erwi podría quedar libre de toda responsabilidad por daños y perjuicios causados en la mala ejecución de la obra de agua potable de la ciudad de Puerto Inca y su paralización, debido a los gastos que la Municipalidad Provincial de Puerto Inca realiza para corregir las partidas ejecutadas erróneamente o de manera deficiente por dicho Consorcio.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República en su Informe de Acción Simultánea n.° 001-2018-OCI/2940-AS, a la obra “Creación del sistema integral de agua potable y alcantarillado en la localidad de Puerto Inca”, en la provincia del mismo nombre.

El 3 de agosto de este año la Municipalidad Provincial de Puerto Inca rescindió contrato con el Consorcio Erwi, integrado por la española Becsa S.A.U. Sucursal del Perú y Constructora Erwi SAC, que el 19 de junio del 2017 se adjudicó la buena pro de la obra por 27 011 059.03 soles, que era el monto referencial de la licitación. Hay que advertir que dicho consorcio fue el único en presentarse al concurso.

La obra, refiere la Contraloría citando información de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, había empezado el 19 de julio del 2017 con un plazo de ejecución contractual de 540 días calendario.

Dicho organismo detectó que el Consorcio “ejecutó la obra sin la participación del ingeniero de seguridad” y que “la supervisión no ha cumplido parte de las obligaciones estipuladas en su contrato”.

Por estos dos hechos -según indica- hay el riesgo de que la Municipalidad de Puerto Inca “pague por servicios no prestados o deficientes, sin aplicar la penalidad correspondiente”

Los otros riesgos detectados por los inspectores de Contraloría son que al dejarse sin efecto los adicionales de obra números 3 y 4, ocasionaría que la Municipalidad apruebe y pague un expediente técnico por el saldo de obra con errores o deficiencias técnicas, otra vez, sin responsabilizar al proyectista.

Y que no se hayan implementado las condiciones de seguridad en la obra paralizada, lo que pone en riesgo la integridad física de las personas que residen y transitan por las zonas aledañas.

El Informe de Contraloría fue entregada a la alcaldesa provincial de Puerto Inca, Daysi Heidinger, “para que valore los hechos advertidos y disponga las medidas correctivas pertinentes”, según informó dicho organismo.