La Defensoría del Pueblo ha detectado, tan solo en dos distritos y en tres instituciones educativas, siete profesores que no han recuperado las horas de clases dejadas de dictar por la huelga magisterial pero, aparentemente, han seguido cobrando sus remuneraciones.

La existencia de esos siete docentes supone una deficiente supervisión de los especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) por decir lo menos o es que ellos también incumplieron con asistir los sábados a su labor de supervisión.

Tal como lo ha advertido el jefe de la Oficina Defensorial en Huánuco, Pier Paolo Marzo Rodríguez, el trabajo de la Defensoría del Pueblo de supervisión del cumplimiento del compromiso de los docentes de recuperar clases en esos dos distritos es solo un muestreo. Entonces ¿cuántos docentes más está cobrando sin enseñar a sus alumnos en otros distritos del departamento?.

De ocurrir que un docente ha cobrado y está cobrando sus remuneraciones íntegras a pesar de haber no laborado, supone una estafa al Estado que no debería quedar impune.

Esta viveza debe plantear la necesidad de integrar en un sistema informático el control de asistencia de los docentes a través del sistema biométrico de tal forma que los descuentos por inasistencia y tardanzas se hagan efectivo en el mismo mes y deje de ser otro foco de corrupción en el sector Educación.