El fujimorismo está impulsando dos denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a quien consideran incómodo porque aparentemente no pueden controlar para que las investigaciones contra la lideresa de esa organización, Keiko Fujimori, y sus conspicuos miembros y financistas, no prosperen, como ocurría en los años en que Alberto Fujimori gobernaba y la fiscal de la Nación era Blanca Nélida Colán.

El fujimorismo de Keiko pretende imponer el montesinismo sin Montesinos. Desde el poder que tiene en el Congreso de la República pretende someter a sus intereses el resto de las instituciones democráticas como ocurrió cuando Keiko era la primera dama.

No solo es el fiscal de la Nación, son también magistrados del Tribunal Constitucional a los que pretende destituir para que sus puestos sean ocupados por serviles al fujimorismo y todo sea como en el 90, ningún delito de los fujimoristas se investigue y en cambio se persiga judicialmente a sus opositores.

Keiko y sus congresistas pretenden que el país regrese a su época más oscura y corrupta. Solo que esta vez parece que no les será tan fácil. Por lo pronto el Acuerdo Nacional por la Justicia que conforman instituciones del sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, CNM, Ministerio de Justicia y la Academia Nacional de la Magistratura han expresado su respaldo a Sánchez. Ya es un paso.