Germán Vargas Farías

Son más de 20 mil las personas desaparecidas en el conflicto armado interno que vivió nuestro país entre 1980 y 2000. Estas son cifras del Ministerio de Justicia que ha ido avanzando en la elaboración de un listado oficial que incluye datos del Ministerio Público y de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El esfuerzo por tener información lo más precisa posible sobre las víctimas de la desaparición forzada es necesaria para conocer la dimensión real del problema y para elaborar e implementar o monitorear políticas publicas integrales de manera efectiva.

Y lo es, también, por el derecho a conocer la verdad que tienen los familiares de las víctimas. El derecho a la verdad ha sido ampliamente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas a través de pronunciamientos de la Asamblea General, su Secretaría General, el Consejo de Seguridad, así como por una importante cantidad de resoluciones e informes de organismos tales como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Relator Especial sobre Estados de Emergencia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas reconoce de manera expresa, en su artículo 24.2, que “cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”.

Se trata de un derecho imprescriptible que la Corte Interamericana ha sancionado en su jurisprudencia, en particular en casos de desaparición forzada. Desde el caso Velásquez Rodríguez la Corte ha reconocido la existencia de un “derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos”

Perú tuvo el triste privilegio de ser durante algunos años el país donde ocurrió el mayor número de desaparición forzada de personas en el mundo, resultado de una práctica sistemática entre los años 1989 y 1993. Fue esta, sin embargo, y durante varias décadas, una práctica siniestra que conmovió a toda la región. Y, desgraciadamente, se trata de una tragedia que persiste.

Por esa razón, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) ha iniciado la Campaña Desapariciones Nunca Más cuyo objetivo es visibilizar la persistencia de la práctica de las desapariciones forzadas.

Los organismos que integran la RESLAC, entre ellos Paz y Esperanza en Perú, procuran buscar recuperar la memoria de las luchas de organizaciones de familiares y otras organizaciones sociales, en la búsqueda de personas desaparecidas en el pasado, así como las nuevas manifestaciones y estrategias de búsqueda de personas desaparecidas en el presente.

La campaña es importante porque, aunque ha habido avances desde el Estado, estos resultan insuficientes ante su deber de investigar los hechos denunciados, identificar y sancionar a los responsables, así como de reparar a los familiares de las víctimas y ubicar su paradero devolviéndolos a sus seres queridos, y adoptando medidas que garanticen la no repetición de estos hechos.

La desaparición forzada de personas, queda claro, no es un asunto del pasado, tiene relación estrecha con lo que hoy sucede en nuestro país y toda la región, cuando podemos reconocer que es la impunidad y la falta de respeto a los derechos humanos, lo que explica la crisis política y moral que nos afecta.

Son más de 20 mil las personas desaparecidas en el conflicto armado interno que vivió nuestro país entre 1980 y 2000. Estas son cifras del Ministerio de Justicia que ha ido avanzando en la elaboración de un listado oficial que incluye datos del Ministerio Público y de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).