Se han cumplido 16 años desde que el doctor Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, entregó al entonces presidente de la República, Alejandro Toledo, el Informe Final del proceso de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000, dos décadas que son “una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruana”.

Cuando la CVR empezó a trabajar tenía entre sus objetivos “analizar el contexto, las condiciones políticas, sociales y culturales así como los comportamientos que contribuyeron a la situación de violencia, tanto desde el Estado como desde la sociedad”.

Y entre sus conclusiones generales en el título Las dimensiones del conflicto, la CVR dice haber constatado “que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social y probabilidad de ser víctima de violencia…”, que “la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República”.

Dieciséis años después, las condiciones señaladas en el Informe Final de la CVR para la escalada de violencia en el país, persisten. Persisten la pobreza, la exclusión social y el velado racismo. Corregir esas condiciones no solo es tarea de Estado, es de todos.