El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 30737 que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos y que reemplaza al Decreto de urgencia 003.

Las medidas dispuestas en la ley para asegurar dicho pago son la suspensión de las transferencias al exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación, la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva.

Estas medidas aplican, según la norma, para las personas jurídicas con sentencia firme por delitos contra la administración púbica, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano.

También para los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración público, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.

Igualmente, aplica para las personas jurídicas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.

La ley aplica de la misma manera para todos aquellos vinculadas a las personas jurídicas.

El texto del dispositivo legal incluye también acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados de las personas vinculadas a actos de corrupción.