Ayer 5 de abril se cumplieron 26 años del llamado autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, con el cierre del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, Fiscalía, Consejo Nacional de la Magistratura y Tribunal Constitucional y el control de las Fuerzas Armadas.

La medida de Fujimori fue respaldada entonces por la gran mayoría de peruanos por el desgaste de la clase política después de un gobierno catastrófico de Alan García con denuncias de corrupción de por medio y cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Veintiséis años después, el desgaste de la clase política instalada en el Congreso de la República ha hecho atractiva la idea del cierre del parlamento por parte del Ejecutivo, siguiendo el mecanismo constitucional. Kuczynski desperdició la oportunidad y a la postre le costó la presidencia arrastrado también por la devaluación de su credibilidad.

El hastío de la ciudadanía por los casos de corrupción que se van conociendo cada día y asociadas a la corrupta Odebrecht, podría desencadenar en un nuevo respaldo al quiebre del orden democrático en el país.

El autogolpe le sirvió a Fujimori para concentrar poder y desarrollar su red de corrupción que le permitió saquear las arcas del Estado, con crímenes de por medio. La cura resultó peor que la enfermedad. Esa debería ser la lección para espantar de nuestro sistema a dictadores de cualquier bando.