El Congreso de la República levantó la inmunidad parlamentaria al congresista Edwin Donayre y el Poder Judicial ordenó su inmediata ubicación y captura a nivel nacional para que cumpla su condena de cinco años de prisión por el robo de gasolina en el Ejército.

La de Donayre es una vieja crónica anunciada. Un informe de Inspectoría del Ejército y de la Contraloría General de la República concluyeron en la responsabilidad de Donayre y otros 16 oficiales, entre ellos cinco generales, en el robo de miles de galones de gasolina de enero a noviembre del 2006 en la Región Militar Sur.

Desde que se descubrió su caso, Donayre ha tenido apoyo político. Alan García, entonces presidente de la República, lo designó comandante general del Ejército y cuando el escándalo se destapó a plenitud, lo ratificó en el cargo. Y entonces, Donayre  aprovechó para remover del cargo de jefe de Inspectoría del Ejército al general Francisco Vargas Vaca, quien lo había investigado y puesto al descubierto. Y por la “magia” de la política el caso de Donayre sacaron a la fiscal del caso y éste quedó paralizado.

Luego Donayre llegó al Congreso y el fujimorismo desplegó todas sus artes para evitar que cumpla su sentencia de primera instancia por peculado. La Sala Penal Permanente confirmó la condena y en el Congreso no hubo otro camino que levantarle la inmunidad. Al final, le alcanzó el brazo de la justicia.