Juan Carlos Espinoza Vilar

En la nota anterior sobre el tema abordé los aspectos más importantes vinculados a la elaboración del perfil de un Proyecto de Inversión Pública (PIP), que según la ley de creación del sistema era de carácter obligatorio y que los estudios de pre-factibilidad y factibilidad tenía por objeto acotar las alternativas identificadas sobre la base de un mayor detalle de la información, de tal modo que permitían una mejor identificación del proyecto y de sus componentes.

Igualmente indiqué que en agosto del 2010, el MEF organizó el evento denominado “10 años del SNIP y retos hacia el 2021” en el que el Ministro de Economía reconoció que el SNIP había instalado una cultura de evaluación de proyectos y contribuido en el desarrollo del país; además de contribuir con objetivos macroeconómicos, el efecto inmediato fue el bienestar de la población y la gobernabilidad del país, por lo que la meta sería lograr que la inversión pública no sea menor al 6% del PBI, incorporando conceptos como el análisis de riesgos, la prevención de desastres, teniendo en cuenta además el impacto del cambio climático, la conservación del medio ambiente, los impactos sociales y las externalidades positivas que pudieran generar.

En dicho evento el Sr. Ernesto Fontaine, experto en evaluación social de proyectos indicó que no debe autorizarse fondos para un estudio a nivel de perfil si antes no hubo aprobación a nivel de “idea”, ni fondos para un estudio de pre-factibilidad si no hubo antes uno de “Perfil” que sugiera que el proyecto será bueno. Se tiene que trabajar fuerte a nivel de perfil, pues es ahí donde está la fuerza del SNIP: Parar los proyectos malos, expresó.

A fines del 2016, según información especializada, los estudios de pre-inversión realizadas por algunas entidades estatales diferían significativamente del expediente técnico que realizaba el contratista después de la adjudicación. El estudio de pre-inversión  se había convertido en un formalismo para determinar un ganador del proceso de licitación, creando la paradoja del SNIP “no es importante la calidad del estudio de pre-inversión, porque luego todo se revisa”. En resumen, el estudio estaba dirigido a una empresa cercana a la entidad licitante, por lo que la empresa ofrecía un precio bajo con la confianza de que no le exigirían los términos de referencia publicados por la entidad y que por el contrario se le otorgaría modificaciones al contrato que lo beneficiaría, previo pago de “coimas”: El caso emblemático es el de la Interoceánica Sur, porque las concesiones también debían pasar por el SNIP. Es decir, la corrupción había perforado el SNIP.

Hechos como este se consideraron como  limitaciones del SNIP, hasta que en Febrero del 2017 se deroga la Ley 27293 de su creación, desatendiendo las reformas que se habían planteado y se pone en vigencia el DL 1252 denominado INVIERTE.pe, que “elimina procedimientos burocráticos que retrasaban las inversiones”, por lo que las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Regionales y Locales verificarán la viabilidad de los proyectos, lo que entiendo representa un serio riesgo de repetir lo antes descrito.

El Gobierno Regional de Huánuco, al amparo de la nueva normatividad viene promoviendo el Proyecto “Via de 4 Carriles”, en el tramo de la carretera central comprendido entre Unguymarán y La Esperanza, precisamente el mismo tramo que comprende el proyecto de derivación de la carretera central elaborado por el MTC para evitar que los vehículos de carga pesada entren a la ciudad capital, que según lo manifestado por el Sr. Gobernador Regional, se tiene previsto ejecutarlo recién el año 2030.

Sobre esta propuesta habría que formularse las siguientes inquietudes: A nivel de idea, se cuenta con la viabilidad social: los actores sociales, públicos y privados involucrados están de acuerdo con el proyecto; se cuenta con la viabilidad legal: El Gobierno Regional puede intervenir en una vía nacional; se cuenta con la viabilidad técnica: se cuenta con la libre disponibilidad del terreno, cuanto tiempo va a llevar la declaratoria de necesidad pública y reubicar a los propietarios de predios afectados, no es posible buscar una alternativa ampliando La Colectora hasta La Esperanza, la Carretera por el aeropuerto a Churubamba con puentes en La Esperanza, El Valle y Chullqui; Ampliando el Malecón Soberón y la Av. Juan Velasco en Pillkomarca. Y para decidir: ¿Cual es la inversión en cada alternativa?, se tiene que ser racional en el uso de los recursos, pues existen múltiples necesidades que atender. Los Colegios Profesionales deben pronunciarse sobre el particular.