El Gobierno ha decretado el estado de emergencia sanitaria por 90 días en el país, ante el incremento de enfermos con el covid-19 que hasta anoche sumaban 17 y todo hace suponer que la cifra seguirá incrementándose conforme pasen las horas.

A diferencia de otras declaratorias de emergencia en el país, en esta ocasión se ha hablado de asignaciones presupuestales, principalmente para los sectores Educación y Salud con el fin de financiar actividades las actividades de educación (prevención) y atención para frenar el avance de la enfermedad.

Ahora bien, la asignación de presupuesto debe estar seguida por la calidad del gasto , por la vigilancia para que en medio de la crisis de salud pública no se presente la “pandemia” de la corrupción.

Por lo pronto la Contraloría General de la República ha anunciado que acompañará a las instituciones públicas en el gasto.

Algo más podría hacer el Ministerio Público que mirar desde su ventana esperando que llegue la denuncia.

El buen uso del dinero contribuirá efectivamente a combatir la enfermedad y detener su peligroso avance.

Pero eso no es solo tarea de autoridades e instituciones, es también de los ciudadanos y eso pasa por no robarse los útiles de aseo de los baños de las instituciones y comercios; también por participar en la vigilancia ciudadana de la cosa pública.