Los peruanos despedimos el 2019 en medio de un proceso electoral para elegir a nuestros nuevos representantes en el Congreso de la República. El año que se va, está marcado por acontecimientos políticos importantes, como la histórica disolución del Congreso controlado por la alianza fujiaprista, la continuación de las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht y otras empresas constructoras del país y que involucra a ex presidentes de la República y otros políticos importantes del país, empresarios, magistrados…

Pero también está marcado por la evidencia de las debilidades y limitaciones de los gobiernos de turno para un eficiente gasto del presupuesto a nivel nacional, regional y municipal, lo que ha contribuido en gran medida a un impacto mayor de la  contracción de la economía.

El 26 de enero próximo sabremos si los peruanos tenemos la voluntad y capacidad para mejorar el Congreso que se disolvió.

La lucha contra la corrupción no solo puede librarse en los fueros judiciales, también en el administrativo y se requiere con urgencia cambios en el sistema de contrataciones y arbitrajes para que el dinero del Estado no se siga desviando hacia cuentas particulares.

Al presidente de la República, gobernador regional y alcaldes les toca mejorar sus gobiernos para que el gasto presupuestal sea también cualitativo y no solo cuantitativo.