La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa archivó la denuncia que presentó el dirigente de la CGTP Yonel Soto Guerrero contra los periodistas Lincoln Diaz Marcellini y Beatriz Ávila Tello a quienes imputó falsamente ocho supuestos delitos más otros que solo pueden ser cometidos por funcionarios públicos.

La disposición del fiscal Luis Leonardo López Loarte, que es una clase de Derecho, concluye que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra dichos periodistas por los supuestos delitos de extorsión, chantaje y estafa, falsa denuncia, fraude procesal, falsificación de documentos, avocamiento indebido en proceso judicial y asociación ilícita para delinquir.

Yonel Soto Guerrero, secretario de defensa de la CGTP en Huánuco, denunció al director del Diario Página3, Lincoln Diaz, a la periodista de Radio Studio 5, Beatriz Ávila y a cuatro exobreras de humilde condición económica: Josefina Luarte Vásquez, Segundina Silvestre Justo, Nila Norma Cervantes Aguirre y Estalista Silva Ramos, atribuyéndoles falsamente esos ocho delitos pero también de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Meses atrás, la Fiscalía Anticorrupción archivó liminarmente de manera definitiva (en dos instancias) la denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y derivó el expediente a la Fiscalía Provincial Penal de turno para que se pronuncie por los otros ocho delitos.

El miércoles último la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa se pronunció disponiendo el archivamiento definitivo.

La disposición fiscal define cada uno de los ocho delitos atribuidos a Diaz y Ávila, detalla sus presupuestos, señala jurisprudencia nacional y concluye que en ninguno de ellos procede formalizar ni continuar investigación contra dichos periodistas y otros.

Soto denunció a ambos y a cuatro exobreras afirmando que lo “extorsionaban” para que los primeros no saquen denuncias en contra del secretario general de la CGTP, Franklin Reátegui, que como no aceptaron pagar se publicaron informaciones de que Réategui cobró S/ 700.00 a una exobrera por una demanda de reposición en supuesto de trabajo y en la que no está incluida, entre otros hechos.

El fiscal López Loarte ha concluido —del mismo escrito presentado por Soto— que “nunca” hubo tales publicaciones en contra de ambos dirigentes, que los procesos judiciales de reposición sí existen, que las notas periodísticas aludidas por Yonel Soto en su denuncia no denotan atribución de haberse cometido algún delito por parte de Soto y Reátegui.

También advierte el fiscal que ni Soto ni Reátegui han precisado cuál es el documento falsificado por los periodistas ni cómo ingresó al tráfico jurídico para atribuirles el delito de falsificación de documentos.

Y para que no quede duda de lo absurdo de la denuncia de Soto y Réategui, el fiscal advierte que el delito de avocamiento solo puede ser cometida por alguna autridad

Y como muestra de lo absurda que era la denuncia Soto contra Diaz y Ávila y 4 humildes exobreras municipales es que, el delito de avocamiento ilegal de proceso en trámite solo pueden cometerlo una autoridad judicial gubernamental. Sin embargo, Soto atribuyó este delito a ambos periodistas.

En su momento, el director de Página3 advirtió que esta denuncia era “un intento de amedrentamiento para frenar el trabajo de un periodismo independiente y de lucha contra la corrupción” y que se producía luego de que los periodistas publicaran las graves acusaciones de la presidenta de la CGTP, Mónica Tamayo, y des exobreras, contra Franklin Reátegui sobre supuestas irregularidades. Tamayo fue pareja sentimental de Reátegui.

En julio de este año el fiscal superior anticorrupción Renato Alejo Vilchez, confirmó el archivamiento de la denuncia de Soto por supuesto lavado de activos en contra de Diaz y Ávila y 4 exobreras municipales.

En junio se hizo público el intento de intimidación a periodistas.