La fiscalización de las Hojas de Vida de los candidatos por parte de los Jurados Electorales Especiales está teniendo sus primeros efectos importantes con la exclusión del proceso electoral de sentenciados por narcotráfico, violación sexual, corrupción y otros delitos.

En los últimos procesos electorales ha estado presente en el debate la penetración del narcotráfico en la campaña electoral a través de financiamientos y candidatos y el riesgo de convertirnos en narcoestado.

Lamentablemente ni los partidos políticos ni los movimientos regionales han asumido su rol fundamental en el sistema democrático de ser el filtro para la selección de los mejores ciudadanos y profesionales como candidatos a conducir los destinos de la ciudad, distrito, provincia, departamento y país. Han hecho todo lo contrario. La presencia de sentenciados por narcotráfico en las listas electorales lo confirma.

Sin embargo, la fiscalización del JEE está corrigiendo esa situación y excluyendo del proceso a quienes han tenido (y quizá tienen aún) vínculos con el narcotráfico.

Pero también hay que destacar en este trabajo la exclusión de aquellos que fueron sentenciados por violación sexual y corrupción. Personas con esos antecedentes no pueden ni deben volver a ocupar cargos públicos, ni representar a una sociedad. El sistema democrático debe defenderse y ser defendido.