Pier Paolo Marzo Rodríguez
Hoy se está jugando el destino del Estado de Derecho en nuestro país. La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo iniciada en junio de 2016 cuando la dirigente de la mayoría legislativa no aceptó su derrota electoral, ha alcanzado a la institución cumbre de las reglas del juego político, el Tribunal Constitucional, en riesgo de perder su independencia en manos de esa mayoría.

Podemos graficar la importancia del Tribunal Constitucional como institución que frena los abusos de poder de cualquier entidad, con tres de sus sentencias con efectos en los ciudadanos y ciudadanas de Huánuco:

1) La sentencia en el expediente 8-2017-PI/TC, mejora el monto de la devolución a cerca de un millón de fonavistas, al concluir que lo que se devuelva constituya la totalidad de lo aportado por cada uno.

2) La sentencia en el expediente 491-2016-HC/TC, que anula la condena a 18 años de cárcel a la ciudadana Rómula Maíz León, dictaminada sin una debida motivación el 2013, por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, por el sólo hecho de haberse hallado su dni extraviado en una poza de maceración de hojas de coca.

3) La sentencia en el expediente 1912-2007-PHD/TC que obliga a la Municipalidad de Amarilis a entregarle información al ciudadano Carlos Augusto Nolte Peréz, con el costo de mercado de reproducción de copias.

Siguiendo con los ejemplos, están pendientes de resolver las demandas que Movistar ha planteado para que se anule el cobro de cerca de 3900 millones de soles en impuestos y multas dejadas de pagar (expedientes 328-2016-PA/TC, 225-2017-PA/TC y otros), dinero que podría usarse para mejorar diversos servicios para la gente en todo Perú. Pero dinero que también podría motivar a dicha empresa (y a otras en igual situación) a buscar magistrados que le deban favores a congresistas, de modo que en pago por nombramientos no merecidos, fallen según presiones, como las que ha recibido la magistrada Ledesma para fallar en favor de la procesada Keiko Fujimori, en otro caso también pendiente de resolución del Tribunal Constitucional.

Por eso, es imprescindible que el proceso de selección de los integrantes del Tribunal Constitucional asegure su independencia y solvencia jurídica, más allá de su pensamiento político, que ha de ser plural. Y eso no está ocurriendo con el actual proceso que sigue el Congreso, con preseleccionados que no han podido ser cuestionados por la ciudadanía y que tienen serísimos cuestionamientos. Uno de ellos, por ejemplo, falló en favor del hoy reo Hinostroza, buscando que se le nombre fiscal supremo, en contra de la misma Constitución que debió defender. Otros han tenido conversaciones con este mismo cabecilla de la organización criminal “Cuellos blanco del puerto”.

En consecuencia, es lógico que dentro de la política de gobierno de reforma del sistema de justicia, se plantee la confianza sobre el procedimiento de elección de dichos magistrados. Considerando que ya en la sentencia 6-2018-PI/TC el mismo Tribunal Constitucional ha indicado que “la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera.”

De persistir hoy el Congreso en la elección “a dedo” de personas cuestionadas, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, se habrá negado la confianza al Gabinete, produciéndose una crisis total por segunda vez en este período y por tanto, el Presidente de la República podrá disolverlo, teniendo que convocar a elecciones para completar el período (artículos 133 y 134 de la Constitución).

Hasta ahí el procedimiento constitucional. Sin embargo, hemos visto una actitud de la mayoría congresal de burlarse de la Constitución: el miércoles pasado archivó sin siquiera debatir el proyecto de ley de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, contraviniendo su función de parlamentar. Y sospechamos que varios congresistas han sido cómplices del lavado de activos de Odebrecht, lo que se revelará con los “codinomes” en octubre. Por ello, urge que los ciudadanos y ciudadanas hagan recordar que es el pueblo el soberano, lo cuál requiere su expresión pública en las calles y plazas de nuestro país. Son horas de lucha por la aspiración a vivir en un Estado Constitucional de Derecho, con igualdad de derechos para todas las personas.