Julia Palomino Gonzales 

La política de inversiones de la región y del Perú tiene entre sus fundamentos más importantes la creación de un marco jurídico estable que promueva el crecimiento de la inversión nacional y extranjera en nuestro país. Una de las herramientas de política más importantes en este ámbito, ha sido la suscripción de Acuerdos Internacionales en materia de inversión como complemento de la legislación nacional en dicha materia. Al respecto, la suscripción de acuerdos internacionales en materia de inversión tiene el objetivo de brindar a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones en el país, garantías en cuanto al nivel de trato, protección respecto a riesgos no comerciales y mecanismos adecuados de solución de controversias, todo ello con la finalidad de consolidar un marco jurídico que garantice y proteja tanto a la inversión como al inversionista, coadyuvando a crear un clima apropiado, estable y previsible que promueva la atracción de inversión extranjera y fomente su establecimiento en el país.

La definición de “inversión privada” queda reconocida, por vez primera, en el Decreto Legislativo N° 674 del año 1991, “Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado”, el cual la define como “aquella que proviene de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, distintas del Estado Peruano, de los organismos que integran el sector público nacional y de las Empresas del Estado”. Esta definición, con diferentes matices para cada caso particular, puede tomarse como referente del concepto de inversión privada en el Perú. El marco legal sobre la inversión privada en las regiones y en el Perú ha experimentado una marcada evolución a lo largo del tiempo, el mismo que ha propiciado la participación del sector privado bajo diversas modalidades. Durante la primera mitad de la década de los noventa, el Gobierno del Perú se embarcó en un ambicioso programa de privatización de empresas públicas, el cual logró registrar uno de los mayores volúmenes de transacciones en América Latina, transformando profundamente las perspectivas de la economía peruana. La primera fase del programa se enfocó en las privatizaciones, alcanzando un pico de actividad hasta mediados de 1990, mientras que una segunda fase se enfocó principalmente en concesiones. Es desde el año 2008 que el Gobierno del Perú comienza a promover activamente modalidades de inversión alternativas a la obra pública tradicional para ayudar a cerrar la brecha existente de infraestructura y de servicios públicos en el país: Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos.

EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

Es una oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el país. Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan. Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público devuelve el monto invertido a la Empresa Privada mediante Certificados, que podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la renta. Posteriormente, las entidades públicas devuelven al Tesoro Público, el monto financiado para la ejecución de sus proyectos.

El Banco de Crédito del Perú proyectó que la inversión privada alcanzará una expansión de 5,5 % en el 2019, lo cual representaría su mayor tasa de crecimiento de los últimos seis años. Creemos que la inversión privada crecerá alrededor de 5,5 % por diferentes proyectos que van a avanzar este año, aunque con dinámicas diferenciadas. Hay importantes proyectos en el sector minero, hoteles y además de nuevos puertos y aeropuertos, señaló el gerente del Área de Estudios Económicos del BCP. Sostuvo que la inversión privada será el principal motor de crecimiento del 2019, lo cual se reflejará en los niveles de crecimiento del empleo formal en el presente año, que se dinamizarán a un ritmo cercano al registrado en el 2018. Cabe indicar que el empleo formal creció 3,9 % en el 2018. En Lima, creció 2,1 % y en el resto del país, 6,5 %. El año pasado hubo un crecimiento formal con una clara diferenciación entre Lima y el resto del Perú el empleo está creciendo de manera importante en el Perú sobre todo en las zonas agroexportadoras y en ciudades donde se instalan los proveedores vinculados a la hora de proyectos de inversión en minería.