El fallo del Tribunal Constitucional anulando la prisión preventiva de la excongresista y lideresa de Fuerza Popuar, Keiko Fujimori, en la investigación que se le sigue por lavado de activo y la celeridad en el trámite seguido para su ejecución, no hace sino confirmar una vez más —de manera lamentable— que la justicia en el país no funciona según el Derecho, sino según personas, apellidos y capacidad de influencia.

Los argumentos de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional confirman que Fujimori debe seguir en prisión preventiva, incluido los del magistrado Carlos Ramos  quien, no obstante, resolvió por su excarcelación.

Así pues la decisión del “máximo intérprete de la Constitución” solo le hace sombras al Derecho, evidencia clamorosamente la forma en que fácilmente puede pisotearse el Derecho para favorecer a determinada persona y realimenta la desconfianza en el sistema de justicia.

Hay personas con prisión preventiva con menos elementos de convicción, menos evidencia y capacidad para perturbar la administración que los que pesan sobre Keiko, pero ella está libre y ellos seguirán en prisión.

La justicia debe resolver según el derecho, y no según apellidos. La predictibilidad de la justicia en la razón de la ley garantiza  el estado de Derecho y la paz social; lo contrario solivianta ánimos y pone en jaque el sistema democrático.