La mañana de ayer fue detenida la lideresa del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso de la República, Keiko Fujimori Higuchi, como parte de la investigación en su contra por los supuestos aportes a su campaña electoral del 2011 por parte de la transnacional brasilera Odebrecht, cuyos directivos han confesado la entrega de dicho dinero y el pago de coimas para adjudicarse obras en el Perú.

La detención de la hija de Alberto Fujimori se produce cuando registra su punto más bajo de popularidad a raíz de la guerra con su hermano Kenji por el indulto (ahora anulado) a su padre Alberto y el abuso de poder que exhibe su bancada en el Parlamento.

Sin embargo, por más anticuerpos o simpatías que pueda generar la hija mayor del matrimonio Fujimori Higuchi, no se puede perder de vista la exigencia de una correcta administración de justicia sustentada en el debido proceso y la correcta motivación de las resoluciones.

La detención de Keiko vuelve a plantear la interrogante: ¿Es delito el aporte  a la campaña electoral? No lo ha sido y no lo es porque este Congreso se ha negado a incorporarlo en el Código Penal. Sin embargo hay que advertir que la figura penal usada para esta detención preliminar es la de lavado de activos (entiéndase la donación de Odebrecht). Más allá de simpatías y antipatías, el país requiere de un sistema de justicia fortalecido y eso se consigue con investigaciones, acusaciones y resoluciones sólidas, de lo contrario se debilita.