Juan Carlos Espinoza Vilar
El Estado en esencia es un proveedor de servicios a la ciudadanía. La razón de su existencia está orientada a la satisfacción de las necesidades de la población. Todo estado debe esforzarse siempre por prestar servicios públicos de calidad, pues ello contribuye a crear confianza y credibilidad; sin embargo en el Perú, tenemos la ingrata experiencia que pese a las buenas intenciones del Gral. Velazco Alvarado, al crear una economía cerrada para proteger la industria nacional y crear empresas estatales, generó una crisis política y económica que nos costó muchos años de sacrificio superarlo.

La Constitución Política del año 1993 consagra que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, sustentado en elementales principios como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, respeto a los contratos, entre otros; orienta el desarrollo del país, estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y de empresa, comercio e industria. Es decir, en materia económica, el Estado se ha convertido en el árbitro del encuentro, encargado de garantizar que la leal y honesta competencia sea la que defina el éxito o el fracaso de los protagonistas de la actividad económica.

El Perú según fuentes confiables,  requiere crecer anualmente al 6 % y para ello se necesita elevar la inversión del 22 al 25 % del PBI cada año. Durante los últimos años el Perú ha crecido por debajo del 4 %, lo que significa que a ese ritmo no vamos a lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, pues la población sigue en crecimiento y demanda nuevos y mejores servicios. Por otro lado,  la inversión total en el país alcanza el 18 % del PBI, en la que la inversión privada representa el 16 % y la inversión pública sólo el 3 %; es decir, el 89 % de la inversión es privada, por lo que es importante promoverla, sobre todo en las regiones, para alcanzar un crecimiento armónico del país, evitando la concentración de la riqueza sólo en Lima y algunas ciudades.

Entre las medidas que el Estado ha adoptado para facilitar las inversiones privadas encontramos:

Medidas de fomento a la inversión: Entre ellas se encuentra un marco regulatorio que otorga seguridad jurídica a los inversionistas e incentive la inversión privada.

Medidas orientadas a eliminar o reducir barreras y trabas administrativas.

Servicios al inversionista privado: por ejemplo, brindándoles información, asesoría, apoyo y difusión y presentación a otros inversionistas privados o autoridades.

En ese sentido, la Ley 29337 – Ley de PROCOMPITE permite a los Gobiernos Regionales y Locales implementar Fondos Concursables para el Co-financiamiento de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) presentados por una organización de pequeños productores de cadenas productivas que se haya priorizado, estrategia que se debe difundir, pues está orientado al desarrollo económico y social  de poblaciones en muchos casos vulnerables.

Sin embargo en Huánuco, sólo la Municipalidad Provincial de Huánuco ha publicado las Bases para poder acogerse a estos fondos; las otros Municipalidades también lo debe hacer, en razón a que la estrategia permite la asociatividad entre pequeños productores, quienes tienen acceso a información sobre mercados y como ser más competitivos.

Continuará.

«El Perú ha crecido por debajo del 4 %, lo que significa que a ese ritmo no vamos a lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible del país»