Cada día que pasa los peruanos vamos conociendo nuevos casos de corrupción que involucran a exgobernantes, exfuncionarios y empresarios en la trama corrupta tejida por la transnacional brasileña Odebrecht.

Hasta ahora todas las miradas, todas las atenciones, están centradas en la investigación fiscal y las audiencias judiciales. En la vía penal hay avances importantes en la tarea de esclarecer y encarcelar a los corruptos y corruptores.

Sin embargo, en el lado administrativo no se hace nada para corregir los mecanismos que permitieron que Odebrecht pudiera tejer su red de corrupción y apropiarse de millones de soles del Estado peruano.

Mientras avanza la investigación contra Odebrecht, contra el Club de la Construcción, contra algunos exfuncionarios de todo nivel  y expresidentes, en la administración pública nacional continúan produciéndose actos de corrupción bajo el mismo mecanismo empleado por Odebrecht y sus consorciadas.

Ninguna norma administrativa ha cambiado, no se corrige la forma de seleccionar a los árbitros para los arbitrajes (y ya está demostrado que ellos fueron pieza clave para que Odebrecht obtenga millones de soles del Estado con maquillaje legal).

La lucha contra la corrupción demanda también reformar el sistema administrativo, ponerle candados a los corruptos y corruptores.