Este jueves se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la  Ley 30689 ley que modifica el título vi de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y la ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de prevenir actos de corrupción y el clientelismo en la política.

La norma se ha dado en medio del escándalo de corrupción continental protagonizada por la transnacional brasilera Odebrecht y que envuelve también a la clase política peruana.

Dicha ley establece quiénes deben y quiénes no deben hacer aportes a las campañas electorales y también las restricciones. Sin embargo, para algunos resulta insuficiente porque no recoge ni regula los hechos que se han dado en la última campaña electoral, como por ejemplo los famosos y sospechosos “cócteles” del fujimorismo.

La norma encarga de la verificación y control de los aportantes a la misma organización política y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Ha quedado demostrado hasta la saciedad que la ONPE no ha podido fiscalizar los aportes de las agrupaciones políticas en el proceso electoral (dada la gran cantidad de ellos) por falta de recursos logísticos y humanos, principalmente.

De nada servirá dicha ley si es que la ONPE no pasa por una reestructuración y se asignan más recursos y se entregan las herramientas legales y técnicas para la fiscalización, de lo contrario será ley muerta.