Los productores de papa del departamento y de otros cinco del país están en pie de lucha desde este martes ante el bajo precio de su producto tanto en la chacra como en los mercados, lo que significa pérdidas económicas, el riesgo de no poder sembrar nuevamente, la inestabilidad de la familia y tantos otros problemas.

Nadie en su sano juicio puede oponerse a la exigencia de que el Gobierno intervenga para auxiliar a los productores que atraviesan esta preocupante situación.

Es comprensible la frustración que sienten los campesinos frente a una falta de previsión del Estado para enfrentar crisis como las que se están presentando.

La ciudad está tomada por campesinos que buscan llamar la atención del Gobierno para que se siente con ellos a tratar su plataforma de demandas. Todos queremos eso y pronto para que los campesinos regresen a sus chacras y la ciudad cobre su ritmo cotidiano.

La lucha de los paperos es justa, y por justa no necesita ser violenta. Los dirigentes tienen una gran responsabilidad para conseguir que este sacrificio no sea en vano. Y eso pasa por la capacidad de negociación del dirigente, no por su necedad o tozudez.

El Gobierno tiene la responsabilidad de escuchar las demandas de los productores y plantear la estrategia que evite que entre la siembra y cosecha el campesino se empobrezca.