La horrenda violación y muerte de la niña Jimena de 11 años de edad ha despertado la indignación de la colectividad y como pocas veces se realizó una marcha a nivel nacional. Los manifestantes pedían principalmente que se endurezcan las penas contra los violadores de niños y niñas, no obstante que ya el Código Penal fija la cadena perpetua como castigo máximo y la aplicación de la pena de muerte es inviable en nuestro país.

Pero lo que han pedido también los manifestantes es que los operadores de justicia sean diligentes ante un caso de agresión sexual a un niño, que se apliquen las penas más severas contra los agresores.

Y si bien es importante tener penas severas, operadores de justicia diligentes ante un caso de violación sexual a un menor, no menos importante es que los operadores de justicia también tengan los instrumentos científicos y la logística correspondiente para una eficiente y efectiva investigación que termine con una sentencia sin lugar a cuestionamientos.

La guerra contra los agresores sexuales requiere de mayor inversión presupuestal. En vez de estar discutiendo si se debe o no aplicar la pena de muerte, deberíamos discutir cuanto de presupuesto adicional hay que asignar para capturar a los agresores sexuales, procesarlos y sentenciarlos y en cuanto se incrementa el presupuesto para la prevención de la violación sexual a menores. Esos deberían ser los temas de discusión y decisión, ¡ya!