El último fin de semana, en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sostenía que el incremento de las penas no resuelve el problema social, que ése era un facilismo de la clase política y que en realidad se necesitaba que el Gobierno destine presupuesto para programas sociales y educación para prevenir los delitos, la violencia contra la mujer.

El Congreso de la República aprobó ayer el incremento de las penas para el delito de feminicidio y las agresiones contra la mujer y miembros de la familia. Esta decisión se toma en medio de casos de intentos de feminicidios y feminicidios consumados registrados en los días previos, que han indignado a la colectividad nacional.

En el parlamento se aprueban penas más severas, pero se bloquea la aplicación de la nueva currícula escolar que propone  —en palabras de la exministra de Educación, Marilú Martens— el enfoque de identidad de género, que es promover y enseñar que las niñas, niñas y jóvenes aprendan que todos, independientemente de ser hombre o mujer, tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos y los mismos deberes.

La violencia ejercida sobre la mujer por el varón tiene explicación en la falsa creencia de que éste es superior a la mujer y que puede controlarla. Machismo le dicen, y que el parlamento se niega a enfrentar de raíz, en la niñez, en la escuela.