La sentencia del Juzgado Penal Unipersonal condenando a pena efectiva a la exfuncionaria de la UGEL Yarowilca, María Angélica Castello Trujillo, es un mensaje positivo a la sociedad y en la lucha contra la corrupción de malos funcionarios.

Lamentablemente Castello Trujillo no es la primera funcionaria —ni creemos que será la última— que se apropia del dinero que el Ministerio de Educación asigna para el mantenimiento de la infraestructura educativa. Pero sí es positivo que el Poder Judicial imponga la sanción severa de privar de la libertad a quien privó a los niños de mejores condiciones para recibir sus lecciones y a docentes para dictarlas.

Han sido tres años que duró el proceso que terminó con la condena dictada en primera instancia por la jueza Margarita Salcedo Guevara. El caso, de seguro, continuará pues es derecho de la sentenciada apelar la condena para que la Sala Penal de Apelaciones la revise. Pero en el juicio Castello no ha presentado elementos que desvirtúen el delito que se le imputa: peculado doloso por apropiación.

La noticia de la sentencia llega en un momento oportuno (independientemente del plazo que tomó el caso), pues en las siguientes semanas el Ministerio de Educación transferirá a los directores de instituciones educativas el presupuesto para el mantenimiento de sus locales. Ahora saben que pueden terminar presos si hacen mal uso o se apropian de los caudales.