Germán Vargas Farías

La condena a cadena perpetua dictada ayer por el Colegiado “A” de la Sala Penal Nacional contra Abimael Guzmán y otros nueve integrantes del comité central de Sendero Luminoso por el atentado perpetrado en la calle Tarata, en Miraflores, es justa.

Es justa porque un acto bárbaro como el perpetrado aquél 16 de julio de 1992, que ocasionó la muerte de 25 personas, la desaparición de 17, que hirió a otras 250, y dejó a más de 300 familias damnificadas, merece la máxima sanción, sin subterfugios ni atenuantes.

Los jueces han resuelto que el atentado “no es un error, un hecho fortuito o un caso aislado”, rechazando lo sostenido por los abogados de la cúpula senderista que pretendieron presentar la barbarie como un hecho fortuito, pues no estaba planificado detonar el coche bomba en Tarata, sino en otro lugar.

Abimael Guzmán llegó a decir, en un momento del proceso, que se trató de un “monstruoso error”, y según Alfredo Crespo, uno de sus abogados, era absurdo pensar que Sendero Luminoso quisiera matar a 25 personas porque eso iría en contra de ellos, es decir, “los desprestigiaba”. Como si alguna vez les hubiera importado, y olvidando cínicamente que Tarata no fue la primera manifestación de su vesania.

No se preocuparon por su “prestigio” cuando, el 3 de abril de 1983, incursionaron en Lucanamarca, en Ayacucho, asesinando a 69 personas entre adultos y niños; o cuando en febrero de 1991 irrumpieron en Ccano, otra comunidad ayacuchana, asesinando a 36 personas que participaban en un culto de la Iglesia Evangélica Pentecostal de la comunidad.

Aún recuerdo lo narrado por familiares de las víctimas de Ccano en la audiencia pública que la Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó en Huanta en abril de 2002. Contaron esa vez, que la noche del 23 de febrero de 1991 alrededor de 80 senderistas, fuertemente armados, llegaron a bordo de tres carros a la comunidad, dirigiéndose al templo de la Iglesia Evangélica Pentecostal donde se realizaba una vigilia.

No fue un error o hecho fortuito que dispararan contra algunas de las personas que participaban en el culto, o que acuchillaran o echaran gasolina a otros para quemarlos. No fue un error o hecho fortuito que esa noche mataran a 14 hombres y 18 mujeres, y que entre sus víctimas hubiera 3 bebés entre uno y dos años, y 6 adolescentes de 15 a 18 años de edad.

No fue un error o hecho fortuito que un culto de adoración a Dios, concluyera con el sacrificio de 32 personas regando la iglesia con su sangre.

Tarata, así como Lucanamarca, Santa Rosa, Soras, Matucana Alta y al menos 200 lugares más, donde Sendero Luminoso perpetró masacres, no fueron hechos aislados, y sí correspondieron –como dice la sentencia- “a los planes criminales del comité central” de esa organización terrorista.

Lo dijo, hace 15 años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe final: “el PCP-SL llevó la ideología fundamentalista y la organización totalitaria a sus extremos. En su acción subversiva se constata una trágica ceguera: ve clases, no individuos; de allí, su falta absoluta de respeto a la persona humana y al derecho a la vida …”

En ese importante documento que senderistas, fujimoristas y algunos otros rechazan por prejuicio, conveniencia y, casi siempre, sin haber leído, la CVR “señala que, por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas, miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes específicos”.

No son, pues, errores o hechos fortuitos, son crímenes de lesa humanidad, actos de terrorismo, y esos son los que han sido sancionados ayer.