Germán Vargas Farías

En los últimos años, el contexto en América Latina ha sido adverso para la afirmación de la democracia y los derechos humanos en la región. Proliferan discursos públicos que en distintas variantes incorporan componentes antidemocráticos, relativistas y/o negacionistas, evidenciándose una reivindicación de regímenes autoritarios e incluso de metodologías reñidas con la dignidad humana como la tortura.

El episodio más grotesco, sin duda, lo ha protagonizado Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien no solo ha reivindicado al extinto dictador chileno Augusto Pinochet, sino que ataca a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por haber denunciado la “reducción del espacio democrático” en Brasil, refiriéndose especialmente a los ataques contra los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, así como a un “discurso público que legitima las ejecuciones sumarias” y la persistencia de cierta impunidad, lo cual deploró.

La de Bolsonaro no es, sin embargo, una expresión singular. Además del incremento de la intolerancia, revestida de censura y cierto moralismo religioso, se propagan discursos de odio contra minorías sociales, y se reproducen campañas tendientes a desvirtuar, desvalorizar o impugnar lo alcanzado en el marco de las denominadas medidas de justicia transicional (juicios por delitos de lesa humanidad, comisiones de verdad y acuerdos de paz).

El debilitamiento simbólico de estas iniciativas en el espacio público persigue como objetivo final el retroceso de las políticas de memoria, verdad y justicia que surgen de su seno. Lo mismo en Brasil, en Colombia, en Perú, y en casi todos los países de la región. Lo mismo desde sectores supuestamente de izquierda, como de la derecha más reaccionaria del continente.

Estos discursos no han sido inocuos, sino que han producido efectos concretos sobre las organizaciones y defensores de derechos humanos. Son frecuentes los ataques contra los activistas de derechos humanos, y evidente el desinterés estatal para ofrecerles una efectiva protección.

Ayer, por ejemplo, se registró una nueva agresión contra miembros del Instituto de Defensa Legal-IDL, al momento de salir de una sede del Poder Judicial adonde acudieron para participar en una diligencia por la querella interpuesta contra el ex magistrado Javier Villa Stein. La respuesta policial resultó bastante dudosa.

Si en Perú la situación es preocupante, en un país como Nicaragua es aterradora. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado recientemente un incremento en los ataques contra defensores de derechos humanos y opositores al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Desde abril de 2018, la CIDH ha registrado 325 muertos, cientos de personas injustamente encarceladas, 2.000 heridos y 62.500 exiliados por acción directa del gobierno.

En el Perú la aprobación, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, en abril del presente año y en el marco de la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, es un importante paso, aunque evidentemente insuficiente.

Estamos un poco lejos de contar con un ambiente adecuado a nivel nacional para que las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos puedan desarrollar libremente sus actividades. El contexto es difícil, pero urge seguir avanzando.

«Además del incremento de la intolerancia, revestida de censura y cierto moralismo religioso, se propagan discursos de odio contra minorías sociales»