El fiscal Germán Juárez Atoche y el juez Richard Concepción Carhuancho han puesto en tela de juicio el sistema de justicia en el país y otra vez han minado su endeble credibilidad, con su mediocridad, al solicitar y aprobar la incautación de la vivienda de la familia Humala Heredia que ya estaba embargada por pedido del primero y aprobación del segundo.

El fin de semana, en una reunión en Tingo María, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, instaba a los jueces a resolver los casos cumpliendo los principios de proporcionabilidad y racionabilidad. Hasta ahora, ha guardado un preocupante silencio sobre la decisión de Concepción Carhuancho, abusiva y desproporcionada, alejada de toda proporcionabilidad y racionabilidad, pero sí con tufo de venganza al quedar descubierta su mediocridad con el fallo del Tribunal Constitucional que revocó la prisión preventiva de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a quienes además negaron su excarcelación inmediata alegando trámites administrativos. Y ayer, estaban tan apurados en botarlos a la calle que apenas les dieron unas horas para desocupar su casa, como si una mudanza fuera así de fácil.

Esta nueva resolución de Concepción Carhuancho es un abuso que no debe pasar y no debería quedar impune. Magistrados como él y Juárez Atoche solo deslegitiman el sistema de justicia.