Sorpresivamente la mañana del martes, un fiscal y cuatro efectivos de la Policía llegaron a la sede del IDL-Reporteros para una diligencia de “exhibición e incautación” de los documentos y material que han servido de base para sus dos reportajes sobre las conversaciones telefónicas interceptadas que revelan el evidente tráfico de influencias y actos de corrupción que involucran a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera Ramos y Guido Aguila; al juez supremo César Hinostroza, y al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos.

La diligencia que se frustró al descubrirse que el fiscal Rodrigo Rurush Castillo no tenía la disposición que autorizaba la intervención a las oficinas de IDL-Reporteros. Pero aún cuando lo hubiera tenido, la diligencia seguía siendo ilegal, arbitraria y atentatoria de la libertad de prensa y del derecho de reserva de las fuentes periodísticas, amparados por normas nacionales e internacionales.

Sin ninguna duda se ha tratado de una acción amedrentadora hacia los periodistas liderados por el experimentado Gustavo Gorriti, y perturbadora de su trabajo de investigación que le ha permitido al país certificar el actuar corrupto de miembros del sistema de justicia. Desde aquí expresamos nuestra solidaridad con IDL-Reporteros.

Pero los mafiosos no pasarán por más que intenten callar o amedrentar a la prensa.