La Comisión de Educación del Congreso de la República acordó por mayoría solicitar al pleno se le otorgue facultades para investigar por 120 días a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), organismo encargada de supervisar la calidad de la educación universitaria en el país.

El congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Gonzales, ha sustentado dicho pedido alegando presuntas irregularidades en el proceso de contratación de personal, bienes, consultorías y servicios, el proceso de licenciamiento de universidades públicas y privadas, y otros que pudieran surgir.

No es el primer intento que se lanza desde este parlamento para escamotear la reforma universitaria, que si bien no es perfecta, ha empezado a generar cambios en los servicios educativos superiores. No solo está identificando los centros de venta de títulos profesionales disfrazados como universidad, sino que los está obligando a cerrar. Eso, naturalmente, significa el fin de grandes negocios. Y más de uno que está sentado en el Congreso es parte o está vinculado a la estafa masiva de jóvenes con la carrera profesional.

La Comisión de Educación presidida por la fujimorista Tamar Arimborgo no está interesada en mejorar la reforma universitaria, sino en destruirla para proteger los grandes negocios que se generan estafando a jóvenes y no tan jóvenes.