El miércoles de la semana pasada, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundada la solicitud del fiscal José Domingo Pérez y ordenó 36 meses de prisión preventiva por 36 meses para la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, ante los graves y fundados elementos que la señalan como cabecilla de una organización criminal infiltrada en dicho partido político, además de las evidencias de que perturbará la acción de la justicia y ante la posibilidad de que fugue del país.

Hoy debe reanudarse la audiencia de prisión preventiva para que el fiscal Domingo Pérez siga sustentando su pedido con relación a los otros investigados junto a Fujimori y para los que también ha pedido prisión preventiva, y que estos ejerzan su derecho a la defensa para que el referido juez emita su resolución.

La resolución en contra de Keiko ha avivado la crítica y la ira de la bancada fujimorista en contra de ambos magistrados, que, por otro lado, han recibido muestras de apoyo, muy similares a las que Concepción Carhuancho recibió de los fujimoristas cuando ordenó la prisión preventiva de los esposos Ollanta Humala y Nadine Heredia con menos elementos de convicción de los que el fiscal Domingo Pérez ha expuesto contra Keiko.

Ahora bien, el sistema de justicia requiere y demanda de resoluciones fiscales y judiciales debidamente sustentadas, de procesos justos, para que el sistema se fortalezca y sea garantía de sanción al malhechor.