Un proyecto de ley presentado por la bancada de Alianza por el Progreso (APP) plantea sancionar hasta con 22 años y 6 meses de cárcel al funcionario o servidor público que cometa delitos de corrupción en el marco de las emergencias por desastres naturales.

Así, los delitos de colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo y peculado de uso, serían sancionados con una pena de entre 3 meses de prisión hasta los 22 años y seis meses.

Quienes se apropien o utilicen caudales, recursos, capitales, propiedades, o efectos y bienes destinados a la ayuda humanitaria (delito doloso y culposo) serán sancionados con penas de entre 12 y 16 años, inhabilitación de conformidad con el DL 1243, sobre muerte civil y entre 365 a 735 días multa.

Y para los funcionarios y servidores públicos que, para fines ajenos a su trabajo, usen o permitan que otros empleen vehículos, máquinas u otro instrumento de trabajo destinados a fines asistenciales en el marco de desastres naturales (peculado de uso) se propone sanción con penas de 3 a 6 años de cárcel

Tras los desastres naturales ocurridos en el país, no sorprendería que el proyecto se debata y apruebe en los siguientes días.

Establecer penas más severas no garantiza que no se cometan los delitos, pero por lo menos hay la posibilidad que desaliente el delito.