La aplicación de penas severas para los violadores de niños demandaron un grupo de ciudadanos y niños a los operadores de justicia en Huánuco. Fue durante la denominada “Marcha por la justicia, seguridad  paz para nuestros hijos” convocada a nivel nacional por los padres de la niña María Jimena, quien fue violada y asesinada por César Augusto Alva Mendoza en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

“Nos hemos autoconvocado por las redes sociales”, dice Liz Santiago Alcedo al concluir en las puertas de la Corte Superior de Justicia en la Plaza de Armas, la movilización de decenas de personas, varones y  mujeres, niños y niñas condenando la muerte de Jimena.

A lo largo de su recorrido por céntricas calles, las personas pedían a viva voz la aplicación de la pena de muerte para los violadores.

“La pena de muerte es justa porque hay muchos casos de violencia sexual en la ciudad”, opinó la adolescente Dely Ventura Rivera, integrante de la organización de niños y adolescentes “Yo también tengo algo que decir”.

“Es nuestro sentir pedir la pena de muerte, peros somos conscientes de la realidad de nuestro país y de nuestras leyes que no avalan la pena de muerte”, dice Liz Santiago Alcedo, que es madre de familia.

El Perú suscribió la ‘Convención Americana sobre Derechos Humanos’, también conocida como Pacto de San José que le impide extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad (a la firma del pacto) en sus territorios.

Cuando Perú ratificó el Pacto (1978), la pena de muerte estaba vigente para “traición a la patria en caso de guerra exterior”, “homicidio calificado” y otros supuestos; sin embargo, la constitución de 1979 solo mantuvo la pena por “traición a la patria”, precisa el diario La República en un informe.

Santiago Alcedo afirmó que con la marcha se estaban expresando en contra de los depravados que abusan de niños, de las leyes que los favorecen y de la inacción de los operadores de justicia y

“Hemos visto con mucho dolor muchos casos archivados”, dice para de inmediato denunciar la falta de interés de  los operadores de justicia (policías, fiscales y jueces) para perseguir y sancionar a los violadores.

“Que hagan su trabajo como debe ser, que se pongan la mano al pecho y piensen que estos niños violados podrían haber sido sus hijos. Tienen que ponerse en el lugar de los padres de familia e interpretar las leyes a favor de las víctimas y en contra de los depravados que abusan de los niños”, apuntó.

La madre de familia pide que los sentenciados a cadena perpetua por violar a niños realicen trabajos forzados para que retribuyan en algo lo que el Estado gasta en ellos en las cárceles.

En tanto que la adolescente Dely reclamó al Gobierno la asignación de presupuesto para la protección de los niños, niñas y adolescentes.

“Uno sale al parque a jugar y ¿quién nos brinda la protección que necesitamos? El Estado no está trabajando en eso, ni siquiera un porcentaje del dinero que ingresa al país  se destina a la prevención de la violencia sexual. Tenemos que tomar cartas en el asunto como sociedad y autoridades”, apuntó la integrante de la Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes “Yo también tengo algo que decir”, que además pidió poner fin los modelos machistas en la crianza de los niños.

Exhortan al Estado a proteger a la niñez

Acción por los Niños, el Centro de políticas Públicas y Derechos Humanos, Equidad, IPRODES y Paz y Esperanza exhortaron al Gobierno la asignación de una partida presupuestal que permita diseñar y ejecutar acciones inmediatas para prevenir la violencia sexual hacia las niñas, niños, adolescentes (NNA).

Dichas organizaciones advierten que en el país no existe una base de datos única y actual sobre los delitos contra la libertad sexual, con indicadores fiables para su seguimiento y registro, que hay pocas cámaras Gessel y salas de entrevista única para actuar con celeridad y diligencia en los casos de violencia sexual contra los NNA.

También dicen que son muy pocos los operadores de justicia especializados en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que saben abordar adecuadamente –sin revictimizar- los casos de violencia sexual.

Además advierten que no hay un programa presupuestal para la violencia sexual contra NNA, y menos del 0.1% se designa para abordar el tema de protección a la niñez.

Tampoco existe una campaña articulada y sostenida para prevenir todas las formas de violencia contra los NNA.

Ante esta situación Acción por los Niños, Equidad, Iprodes y Paz y Esperanza exhortan al Estado el diseño e implementación de un programa presupuestal dirigido a eliminar la violencia contra la niñez promoviendo el buen trato, y demanda mejoras en la calidad de los servicios de prevención, protección, atención y recuperación de niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de la violencia sexual.