El Consejo Regional y el Ejecutivo están en un claro y abierto enfrentamiento por cuotas de poder. Desde el Consejo Regional reclaman e impulsan un mayor (y efectivo) control políticos a los funcionarios de confianza del gobernador regional a través de la censura. Y desde el Ejecutivo se ha optado por negarle la facultad de censura al Consejo Regional y se ha desentendido de las censuras aprobadas por los consejeros regionales, la mayoría de ellos elegidos en la lista que encabezó el ahora gobernador regional Rubén Alva.

La facultad de censura que reclaman los consejeros regionales —según juristas— no tiene sustento legal, no está amparado ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, por lo tanto no puede establecerse en el Reglamento Interno del Consejo Regional (RIC).  Sin embargo la consejera delegada Nihttzy Orneta asegura que el Consejo Regional de Lima Provincias se lo ha incorporado en su RIC y el gobernador regional lo acata.

Alva no está dispuesto a ceder su cuota de poder a los consejeros y estos tampoco quieren ceder en su lucha por hacerse del poder de forzar la salida de un funcionario de confianza (gerentes, directores regionales y otros).

Lo que sí está claro es que esta “guerrita” no le hace bien a la salud de la administración regional tan magullada y que tiene a cuestas en estos últimos días del año revertir un bajo gasto presupuestal, algo que quienes están hoy en el Ejecutivo y en el Consejo Regional criticaban a sus antecesores.