El presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, César González Aguirre, destacó la publicación de la Ley  n.° 30813, Ley que establece medidas para la descarga procesal en los despachos Fiscales y Judiciales en Materia Penal.

“Esta ley nos permite organizarnos, ordenarnos y ser más eficientes” indicó.

González explicó que los expedientes penales de hechos delictivos producidos antes del año 1995, serán revisados por el órgano fiscal o judicial para disponer el archivo definitivo del proceso.

Asimismo, aclaró que la ley publicada el domingo en El Peruano, señala que el archivamiento se aplicará en los siguientes supuestos: i) Ante la inexistencia de elementos probatorios en la determinación del evento delictivo o responsabilidad penal del o los procesados; ii) Cuando no se haya realizado alguna actividad procesal en los últimos 15 años; y, iii) En los procesos judiciales que se haya declarado la contumacia y suspensión de plazos de prescripción. En estos casos no se tomará en cuenta lo establecido en el artículo 84 del Código Penal o en el artículo 1 de la Ley 26641.

El presidente González Aguirre,  agregó que no se aplicará lo establecido en el artículo 3 cuando los procesos judiciales se refieran a delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, traición a la patria, lavado de activos, lesa humanidad, robo agravado, asesinato, violación sexual de menores de edad, violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave, formas agravadas de los artículos 170, 171, 172, 174, 175, 176 y 176-A del Código Penal sobre violación de la libertad sexual, organizaciones criminales, corrupción y demás delitos contra la Administración Pública que afecten al patrimonio del Estado.

Por otro lado, la ley ha previsto la creación de un pool de auxiliares jurisdiccionales o de asistentes de función fiscal, según sea el caso, que deberá rotar de despacho judicial o fiscal, con dedicación exclusiva para realizar la descarga procesal y como órgano de apoyo de los auxiliares jurisdiccionales o asistentes de función fiscal ya existentes en cada órgano jurisdiccional o fiscal. El plazo mínimo para el cumplimiento de sus objetivos será de 6 meses desde la vigencia de la ley.