Pier Paolo Marzo Rodríguez
El 2019 terminó con 168 casos consumados de feminicidios, 9 de ellos en Huánuco, sin contar las tentativas. Es la cifra más alta de la década. 71% de las mujeres asesinadas dejan hijos o hijas huérfanas, 205 en total.

85% de los asesinos fueron parejas o ex parejas, como Trinit Bautista, que mató a Dámaris Rojas Suárez, “por celos”, cómo el mismo lo dijo. El 15% restante tenía celos sin mayor vínculo, como el asesino de Eyvi Ágreda, Carlos Javier Huallpa Vacas.

Enero del 2020 terminó con 15 nuevos feminicidios, uno de ellos en Huánuco, de Zoila Poma Ponciano, asesinada presuntamente por Percy Loarte Alvarado.

Sin duda, los aumentos de penas a los feminicidas y acosadores no han llevado a que disminuyan sus delitos. El propio ministro del Interior, Carlos Moran, al anunciar que en enero la policía previno 9 feminicidios, dijo que “Este problema es estructural, no es un tema policiaco. Si lo vamos a entender así vamos a equivocarnos de diagnóstico. Hay un problema estructural que está enraizado en el país”.

En realidad, hay tres problemas estructurales que resolver: Uno, de orden institucional, las deficiencias en las atenciones de las denuncias de actos violencia; otro, de orden sicológico, la celopatía; y uno más de orden ideológico: el machismo que lleva a considerar a las mujeres como objetos que se poseen, sin derecho a decidir con quien estar.

¿Qué hacer entonces? Atacar las causas. Sobre el problema institucional, tenemos obligaciones que no se cumplen. Conforme el artículo 14.2 de la Ley 30364 modificada por el Decreto Legislativo 1386, las municipalidades están obligadas a:

“a) Formular políticas… para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

b) Crear y conducir las instancias, provinciales y distritales de concertación, para promover la articulación y el funcionamiento del Sistema Nacional en su jurisdicción.

c) Implementar servicios de atención, reeducación y tratamiento para personas agresoras, con los enfoques establecidos en la presente ley.

d) Implementar servicios de prevención frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a través de acciones de empoderamiento social y económico de las víctimas de violencia y programas preventivos, grupos de reflexión dirigidos a hombres para promover relaciones igualitarias y libres de violencia.

e) Incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, así como el monitoreo de la efectividad de tales acciones en los espacios de coordinación de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.”

A la par con sanciones efectivas al incumplimiento de estas obligaciones, corresponde dar recursos a las municipalidades para que las implementen, así como incentivos a quiénes empiecen a ponerlas en práctica. Con un enfoque de prevención del machismo y detección de la celopatía para su atención sicológica. Y con casas refugio productivas y temporales para las mujeres  agredidas.

Asimismo, ha de implementarse un programa de educación familiar para una cultura de paz y respeto, en todas las escuelas y en intervenciones domiciliarias allí donde se detecten riesgos de agresiones. Quizá el Ministerio de la Mujer tenga que cambiar su estructura para adecuarse a esta exigencia.

Este año, los feminicidios deben parar. Para ello se requiere adoptar medidas en los tres campos indicados.