Pier Paolo Marzo Rodríguez
El anuncio del presidente de la República de reformar la Constitución para adelantar las elecciones generales de manera que se realicen el 2020, ha generado inquietudes y expectativas. Repasemos algunas:

¿Es constitucional la propuesta?

Sin duda. Dejemos que hable la Constitución. Su artículo 206 establece el procedimiento de reforma: “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.”  La norma no establece límites al contenido de la reforma, por lo que sólo estaría prohibido afectar la esencia del Estado: el principio de primacía de la persona y sus derechos humanos, el de soberanía del pueblo, el de la forma republicana de gobierno y el de separación de poderes. Por el contrario, asuntos de plazos están dentro de lo reformable. Es más, el año 2000 ya se incorporaron disposiciones transitorias especiales para acortar el plazo de la presidencia y el Congreso nacidos del megafraude del dictador Fujimori. La primera estableció que “ El Presidente y los Vicepresidentes de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001. Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2001. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90° y 112° de la Constitución Política.”

En ese contexto, el texto del proyecto de ley acabado de enviar por el Poder Ejecutivo al Congreso se encuentra dentro del marco constitucional. En efecto, se propone añadirle a la Constitución, entre otras, una cuarta disposición transitoria con la siguiente redacción: “El Presidente y la Vicepresidenta de la República actualmente en funciones concluyen su mandato el 28 de julio de 2020. Los congresistas y los representantes ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2016 culminan su representación el 26 de julio de 2020.” El proyecto de ley de reforma constitucional tiene además otras disposiciones que le encargan al Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil definir los plazos para llegar a las elecciones el tercer domingo de abril del 2020.

¿La propuesta afectará a la economía?

No tendría por qué. Pues una modificación constitucional siguiendo los procedimientos muestra actores políticos que siguen las reglas establecidas y eso es lo que espera cualquier actor económico. Es más, no hay indicadores económicos que muestren algún resentimiento de los inversionistas grandes o pequeños en estos días.

¿Se generará algún tipo de convulsión social?

Tampoco. Por el contrario, la propuesta ha generado expectativas de futuro, en la medida en que responde a la demanda de cambio político de la gran mayoría de la ciudadanía en todo el país.

¿Qué les corresponde a los actores políticos?

Apreciar la oportunidad que se genera de participación ciudadana. Tuvimos un referéndum el año pasado y otro más en el plazo de un año no es poca cosa en el ideal de un Perú más democrático. Más aún cuando abriría un escenario electoral general, el mismo que es una oportunidad para buscar a los mejores candidatos y candidatas con las mejores propuestas para las personas, en los temas que requieren mejoras urgentes: atención en salud, calidad educativa, seguridad en las carreteras, apoyo a emprendedores, agricultores, deportistas y artistas, cuidado del ambiente, atención a los más vulnerables, etc.

Probablemente algunas fuerzas políticas quieran aprovechar esa oportunidad y otras no.

¿Qué nos corresponde  como ciudadanos o ciudadanas?

 Votar por quiénes aprovechen la oportunidad de hacer una mejor política, en base a propuestas, personas y organizaciones políticas que sepan llevarlas a cabo, en cada región. Y si está dentro de nuestros intereses o pasiones, entrar a participar en los procesos electorales internos de los partidos políticos, según afinidad de pensamientos, prácticas o actitudes.

De esta manera, podremos llegar al Bicentenario de nuestra independencia con esperanza en que el enorme potencial que tenemos como país, pueda por fin ser aprovechado para hacer del Perú un país más igualitario y con más libertades para todos.

“Tuvimos un referéndum el año pasado y otro más en el plazo de un año no es poca cosa en el ideal de un Perú más democrático”