Teresa Chara de los Rios

Estamos iniciando el mes de agosto y ya estamos en la víctima de feminicidio número 100. A pesar que existen penas más severas y mayores políticas de atención a las víctimas de violencia, las cifras de feminicidio siguen elevándose. ¿Qué no estamos haciendo bien?

Una de las causas de los feminicidios es mantener una relación tóxica y no poder terminarla en el momento oportuno. En una relación tóxica ambos se sienten atrapados, asfixiados, sufren, hasta que uno de ellos toma el control de la relación y el poder para decidir por la otra persona.

Parecería que ese tipo de relaciones llena algunas deficiencias o vacíos que tenemos desde niños o experiencias traumáticas, y aunque nos haga sufrir, la necesitamos, nos hacemos dependientes emocionales.

Cuando una mujer cansada de las agresiones, plantea acabar la relación, su pareja amenaza con matarla, la agrede repetidamente hasta perder el control y acabar con la vida de ella, sin importarle si sus hijos están presentes y en el abandono que se quedarán.

Cuando leo la historia de Lucía Ceros, la víctima de feminicidio número 100,  quien tenía solo 33 años y deja en la orfandad a tres niños, me siento impotente. Ella temía por su vida. Presentó múltiples denuncias contra su expareja por violencia,  pero el sistema le dio la espalda.

Lucía tenía medidas de protección; es decir, su agresor no podía acercarse a ella. Sin embargo, la realidad nos demuestra que estas medidas no son suficientes, porque se reducen a una hoja de papel sellada y firmada, y que en la práctica no le da ninguna protección a quien la tenga.

Tanto la Policía, Ministerio Público y Juzgado de Familia conocen que cuando las mujeres denuncian, sus vidas corren peligro porque el agresor al saberse denunciado buscará venganza.

Reitero mi pregunta inicial ¿Qué no estamos haciendo bien? Los problemas son múltiples:

Al momento de entrevistar a la víctima, el funcionario realiza preguntas relacionadas al comportamiento o estilo de vida de la víctima, tratando de responsabilizarla de “provocar” la agresión sufrida, lo cual constituye una revictimización.

El examen psicológico y terapias a la víctima pueden demorar varios meses hasta que sea atendida. Todo el proceso es muy lento y desa­lentador. El tiempo que pasa desde la denuncia hasta la sentencia, son demasiado largos,  transcurren años y en ese proceso puede ocurrir el feminicidio.

Los agresores no respetan las medidas de restricción y cautelares. No hay quien haga seguimiento. Es la propia víctima quien tiene que ir a la Policía o Fiscalía a denunciar el incumplimiento, corriendo el riesgo de que el agresor regrese con más violencia. ¿Cómo se enfrenta esta situación sin exponer a la víctima?

La víctima no confía en el sistema de justicia, se siente desprotegida y abandona el proceso por ser tan largo y no contar con los recursos económicos. Esto se complica cuando la mujer trabaja y no puede pedir permiso en su centro laboral cada vez que la citen o tenga que agilizar el trámite.

La Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y el Instituto de Medicina Legal justifican la demora por la sobre carga de trabajo, poco personal e insuficiente presupuesto.

No existen casas refugio con atención integral (acompañamiento psicológico y legal), donde las víctimas con sus hijos puedan ser albergadas temporalmente. Bien sabemos que el hogar es el lugar más seguro. Sin embargo, cuando existe violencia se convierte en el lugar más inseguro. En la mayoría de casos de feminicidio, el agresor ha tenido a su casa como el lugar preferido para agredir.

La denuncia no debe ser la meta en los casos de violencia, sino el inicio de un proceso breve y eficiente,  camino a la justicia y seguridad de las personas afectadas.

“Una de las causas de los feminicidios es mantener una relación tóxica y no poder terminarla en el momento oportuno»