Un informe de Contraloría General de la República ha puesto en evidencia problemas en el sistema de instalación de cámaras de videovigilancia de al ciudad de Huánuco que es financiado por el Gobierno Regional.

Las irregularidades advertidas por dicho organismo hace imposible el funcionamiento de las cámaras instaladas como parte de un plan de seguridad para la ciudad.

“La conexión de las cámaras de videovigilancia al medidor de energía eléctrica no se encuentra ejecutada; sin embargo, fue pagada por el Gobierno Regional”, dice la Contraloría.

Pero no es el único pago que el Gobierno Regional realizó a la contratista sin que se haya ejecutado la partida. En efecto, la Contraloría también detectó que “el contratista valorizó el sistema de energía eléctrica estabilizada de 25 kW con un avance físico del 100 % a enero del 2019, la misma que fue aprobada y pagada por el Gobierno Regional a pesar de estar pendiente de ejecución”.

Son situaciones que ponen en riesgo la funcionabilidad del sistema de videovigilancia de Huánuco.

El sistema de videovigilancia de Amarilis y Pillco Marca no funciona desde hace meses por problemas en su estructura. A la fecha resulta un proyecto inservible para ambos distritos. A la administración de Juan Alvarado le corresponde corregir estas deficiencias. Está a tiempo para que el proyecto no sea “inservible”.