Pier Paolo Marzo Rodríguez
Muchas cosas. De nuestra sociedad y nuestro Estado, de lo que debemos cambiar y de lo que podemos cambiar. Me detendré en dos.

Conciencia ciudadana. Hasta antes de la declaratoria del estado de emergencia nacional, la pandemia del coronavirus puso en evidencia la escasez de conciencia ciudadana en muchas personas y familias: en la costa, hasta el día de ayer hubieron quiénes, desoyendo todas la advertencias, convirtieron su domingo en un día de playa, aumentando ampliamente las probabilidades de contagio.

Aquí en Huánuco y Tingo María hubo quiénes el viernes y sábado fueron a discotecas o celebraciones religiosas como si no tuviéramos 2 infectados comprobados y un número indefinido por comprobar, que aportan a la suma de 71 comprobados hasta el 15 de marzo. Y cómo si no supieran que el Coronavirus se distingue por la facilidad de su contagio. Sólo hace 10 días, el 6 de marzo, se confirmó el primer caso. Ayer ya teníamos 58 casos confirmados en Lima, 2 en Huánuco, al igual que en Arequipa, Callao y Piura.Mientras que las regiones de Áncash, Cusco, Ica, La Libertad y Lambayeque tienen un caso cada una.La falta de conciencia ciudadana ha llevado a pasar por alto que no tiene cura y que su letalidad es del 2%, en promedio, afectando a los más débiles, principalmente a los adultos mayores.

Pero el déficit de conciencia ciudadana también se evidenció en el comportamiento de personas que acudieron a tiendas, bodegas, farmacias y supermercados, a comprar mucho más de lo necesario, generandos dos males: 1) el desabastecimiento de productos como papel higiénico, jabones, alcohol líquido y en gel; 2) el alza de dichos productos.

De otro lado, la pandemia en Perú también mostró que existen personas y familias con comportamientos conscientes de que somos seres sociales y vivimos en comunidades, de modo que lo que le pase al vecino me afecta a mí. Y han mantenido conductas responsables, de información permanente y de mesura con el aprovisionamiento.

Planificación y regulación pública. Si quedaba alguna duda de lo erróneo de los postulados neoliberales de privatización y desregulación de bienes públicos como la salud, la educación o el agua potable, el coronavirus evidenció lo imprescidible de la planificación y la regulación del Estado para asegurar que dichos bienes sean disfrutados por toda la ciudadanía. Precisamente, el año pasado, el economista Germán Alarco Tosoni, en la presentación del libro “Una agenda post neoliberal”, indicó que “el neoliberalismo destruyó el planeamiento estratégico para la sociedades y el Estado”. Hoy, la pandemia llega al Perú con carencias en las unidades de cuidados intensivos en las regiones, que de por sí son insuficientes y con brechas en el acceso al agua potable, al no haber superado esa concepción de un Estado que simplemente administraba los recursos, sin un norte común que oriente el uso de esos recursos de manera planificada. En un artículo posterior desarrollaré las urgencias que nos evidencia esta experiencia.

Sin embargo, como nunca, hoy las entidades del Estado competentes en materia de salud, reaccionaron con premura, al más alto nivel y tomando las decisiones elementales correspondientes a cada fase de la expansión de la pandemia en Perú. Y mientras lo hacían, mostraban de forma incontestable que garantizar derechos fudamentales, como el derecho a la salud y su protección, requiere de personal, infraestructura, organización, presupuestos, regulación y planificación que ordene todos esos factores.

Con esas evidencias, ahora es posible avizorar cambios positivos en la sociedad, con una oportunidad para aumentar su nivel de conciencia ciudadana. Y también en el Estado que ha empezado a tomar decisiones elementales a todo nivel, desde dotar de jabones a instituciones educativas y establecimientos de salud, pasando por sus distintas entidades, hasta declarar un estado de emergencia nacional con componentes diversos.

Que la emergencia siga siendo motivo para mejorar, en la sociedad y el Estado, así como en familias y comunidades, hábitos, conductas y nuestro nivel de exigencia de garantías de derechos fundamentales de todas las personas.