Pier Paolo Marzo Rodríguez
En marzo de 2012 Odebrecht obtuvo la autorización de la comunidad campesina de Pillao para comprar el terreno donde construiría la Central Hidroeléctrica Chaglla, llamada así por el distrito de la provincia de Pachitea por donde se accedía al campamento de la empresa y de ahí, al lugar de la  construcción, que ya está en el distrito vecino de Pillao, provincia Huánuco. La ley establece que la venta de un territorio comunal exige la aprobación de los 2/3 del total de comuneros calificados. Y el 18 de marzo de ese año aparentemente se alcanzó ese porcentaje. Odebrecht pagó aproximadamente 1 millón 800 mil soles por el conjunto del terreno, que suponía un pago de menos de 40 centavos por metro cuadrado.

La central hidroeléctrica que se construyó allí es, con sus 460 Megawats de producción, la segunda con más potencia en el país.

Esa capacidad ha permitido que en este año Odebrecht concrete su venta a la empresa estatal China Tres Gargantas, de manera que luego de pagar deudas, la Fiscalía opine a favor de que perciba 524 millones de soles del saldo resultante.

Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Procuraduría ni el Gobierno Regional de Huánuco ni menos las Municipalidades de Huánuco y Pillao han tenido en cuenta que aquí debió considerarse que la comunidad campesina ha acreditado que la compraventa del 2012 fue fraudulenta, pudiéndose inferir que se consiguió con corrupción entre Odebrecht y la junta directiva comunal de esa época: en efecto, la comunidad ha evidenciado que al menos 6 de los firmantes de la acta de asamblea general que autorizó la compraventa, estaban muertos a esa fecha. Y así como sus firmas son falsas, muchas otras también lo son, pues el 18 de marzo de 2012 no se llegó a los 2/3 de comuneros calificados para autorizar dicha compraventa. Por eso, existe una demanda en curso de nulidad de ese acto jurídico en el 26º Juzgado Civil de Lima. Y una denuncia penal por el mismo motivo en la Fiscalía Anticorrupción de Huánuco.

Ante ello ¿qué debe hacer el gobernador regional?

Debe tomar la decisión de apoyar legalmente a la comunidad campesina de Pillao e indicarle al Gobierno Nacional, a la Procuraduría Anticorrupción y al Ministerio Público, que tanto dicha comunidad como el conjunto del pueblo de Huánuco, son agraviados por las prácticas corruptas de Odebrecht, y por lo tanto, les corresponde una indemnización, que bien podría salir de esos 524 millones de saldo de la venta a Tres Gargantas.

Para esto, sin pérdida de tiempo, el gobernador regional debe convocar a la procuradora anticorrupción, a su propio procurador regional, a su asesoría legal, a la comunidad campesina de Pillao, a su defensa legal y la organización social que en Huánuco se ha constituido para dar seguimiento al caso, para diseñar una estrategia viable en ese sentido.

Además, debe impulsar el desarrollo integral del distrito donde está la hidroeléctrica y las provincias respectivas, teniendo en cuenta el canon hidroeléctrico que ya se está generando mes a mes.

¿Y nosotros qué podemos hacer?

Exigir eso mismo al gobernador regional, movilizándonos de ser necesario; pero también conocer más de Pillao y de Chaglla. Son distritos llenos de recursos, con gran belleza paisajística. Ponernos de su lado implica apoyarlos en concreto. Finalmente, nos corresponde mantenernos atentos y vigilantes, no solo con el proceso de indemnización y con los destinos del canon, sino con todo uso del poder del Estado y de las grandes empresas que afecte a los más vulnerables, nuestros hermanos en la comunidad política de la que somos parte.

“La comunidad campesina ha acreditado que la compraventa del 2012 fue fraudulenta, pudiéndose inferir que se consiguió con corrupción entre Odebrecht y la junta directiva comunal de esa época”