Por Germán Vargas Farías

Penales, disimulando el desastre. –

Tal vez no sea el tiempo propicio para cambiar ministros, pero las últimas semanas han evidenciado un desgaste y pérdida de reflejos que debe ser urgentemente resuelta. Más aún porque cuesta, o puede implicar la pérdida de vidas.

Lo ocurrido en los penales, por ejemplo. Han sido nueve los internos muertos en Castro Castro, tragedia que debe ser seriamente investigada.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado los hechos de violencia ocurridos en diversas cárceles de nuestro país, reconociendo que la protesta de las personas encarceladas se hizo reclamando “adecuada atención médica para evitar el contagio del virus que causa el COVID-19.”

Lamentable ha sido que, desde el Ministerio de Justicia, se haya reaccionado al pronunciamiento de la CIDH destacando solo una parte del mismo, e ignorando la censura y el llamado a implementar protocolos “para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza.”

Salud, no hay que rematar a nuestros heridos. –

Entre tantas situaciones terribles que acontecen hoy en el sector salud, preocupa especialmente lo que ocurre con médicos, médicas, enfermeras y enfermeros que han sido infectados por el covid-19, y a quienes el Ministerio no está brindando el trato que corresponde.

 No se está reclamando un tratamiento privilegiado al personal de salud, si no uno acorde con la responsabilidad del Estado de cuidar a aquellos y aquellas que actúan, precisamente, para preservar la vida y salud de los demás. 

Referir a cada rato el abandono de la salud por los gobiernos en las últimas décadas, puede ser tan cierto como tramposo. Existen recursos hoy para enfrentarla crisis, pero parece que hicieran falta ideas, coordinación y serenidad.  

 No nos conformemos a la muerte prematura, aquella que se puede evitar, el clamor de médicos por ayuda para sí mismos o para sus colegas enfermos, debe ser atendido. No se ganan batallas sacrificando sin razón alguna a los mejores soldados.

Población afectada, otra vez vulnerada.-

Aunque se reconoce el esfuerzo del Estado para responder a la crisis sanitaria, y para atender a poblaciones en mayor vulnerabilidad, organismos nacionales de derechos humanos han señalado que los programas sociales que se vienen implementando han tenido un alcance limitado. Especialmente para la población rural, siendo muchas las personas que no han sido consideradas beneficiarias de esos programas.

Varias de estas organizaciones, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han expresado su preocupación por la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas por el conflicto armado interno, la misma que se ha agravado por las medidas dadas para enfrentar la pandemia. 

Como sabe, la mayoría de las familias afectadas por la violencia política radican en comunidades y zonas rurales del país, y entre estas familias hay muchas mujeres adultas mayores que tenían ya problemas de salud y de sostenimiento diario. La crisis sanitaria, además de acrecentar su vulnerabilidad, ha afectado sus vínculos familiares y de soporte comunitario.

Por eso demandan visibilizar a esta población entre la más afectada, e implementar servicios especiales para atender a las personas adulta mayores, que en muchos casos viven solas, y otros que mitiguen el impacto en la salud física y psicológica de las víctimas del conflicto armado interno en estas circunstancias.