La salida del fiscal provincial penal Jorge Alberto Asís Gonzáles y de la fiscal adjunta Elena Guevara Castro de sus cargos en la alejada provincia del Marañón, constituye una respuesta oportuna del Ministerio Público a la población marañonense y un aporte significativo a la construcción de un clima de paz.

La investigación interna del mismo Ministerio Público confirmó las acusaciones de demora en el diligenciamiento de las carpetas fiscales. Las otras imputaciones de supuestos actos de corrupción corresponden a una investigación más profunda que no, por eso, debe soslayarse. Esa es una respuesta pendiente del Ministerio Público a la población del Marañón.

Ahora bien, no deja de llamar la atención el hecho de que la población tenga que realizar un paro para poder ser escuchados. No se debería llegar a esos niveles.  En este caso ha tenido que ocurrir en paro, y al momento es saludable que la respuesta no haya demorado más.

Ahora bien, la salida de ambos fiscales significa dos puestos vacantes. La designación de los nuevos debe hacerse con mucho cuidado, pues el que llegue deberá trabajar en recuperar la confianza de la población en la institución. Una población, por lo demás, que se siente huérfana de justicia, tras años de maltrato del Distrito Judicial de Áncash y años de ser golpeados por grupos terroristas pretendiendo imponer su modo de “justicia”.