La Sala Penal de Apelaciones anuló la sentencia que absolvió a dos exfuncionarios y dos exservidores de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Oscar Alberto Ortíz de Zevallos Triveño, Dante Salas Castro, Luis Alberto Calle Aguirre y Celis Rivera Bailón y al notario público de Acomayo Horacio Gilberto Cueva Matos, del supuesto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.

La Sala Penal de Apelaciones anuló la sentencia que absolvió a dos exfuncionarios y dos exservidores de la Municipalidad Provincial de Huánuco: Oscar Alberto Ortíz de Zevallos Triveño, Dante Salas Castro, Luis Alberto Calle Aguirre y Celis Rivera Bailón y al notario público de Acomayo Horacio Gilberto Cueva Matos, del supuesto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, en el sonado caso de las anchovetas del año 2011.

Así, los jueces superiores Angélica Aquino, Rocío Marín y Sandra Cornelio ordenaron que otro juez unipersonal, “en el plazo más breve” desarrolle un nuevo juicio oral contra los cinco acusados.

La Fiscalía acusa a Ortíz de Zevallos, Dante Salas, Calle Aguirre y Celis Rivera y al notario público Cueva Matos de supuestamente “fraguar” dos actas para simular la quema y destrucción de 92 cajas de conservas de anchoveta en sala de tomate valorizados en 7 182.12 soles del Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad de Huánuco

“El Ministerio Público presume que ha habido una apropiación de dichas latas de anchovetas y lo que se ha hecho es crear estos documentos [actas] para justificar la salida y la no existencia de las mismas (…) toda vez que esta destrucción no se realizó…”, se lee en el fallo de la Sala Penal de Apelaciones.

Resulta que según la acusación fiscal,  la diligencia de destrucción de las conservas de anchoveta se habría realizado el 15 de abril del 2011, entre las 08:35 de la mañana y 12:45 del mediodía en el entonces botadero de basura en Marabamba, con presencia de Ortíz de Zevallos, Celis Rivera, Calle Aguirre y el notario Cueva Matos.

Pero la Fiscalía estableció que a esa hora Luis Alberto Calle Aguirre y Celis Rivera Bailón se econtraban cumpliendo sus labores ordinarias al interior de la Municipalidad Provincial de Huánuco y solo salieron de la institución de 8.05 a 9.20 de la mañana en el caso de Celis y de 10.30 a 12.30 m., Luis Calle.

Para los magistrados Aquino, Marín y Cornelio, la jueza de primera instancia “no ha valorado reacionalmente” dicha información proporcionada por la misma Municipalidad, tampoco que la Dirección Regional de Salud no ordenó la destrucción de los productos, sino “dar de baja”.

Tampoco la jueza advirtió que al destruir las anchovetas, los funcionarios frustraron que la Municipalidad de Huánuco reclame a la empresa proveedora la reposición de dichas latas de conserva.

Pero aún más, los jueces superiores anotan que la jueza penal declaró “probado” que los acusados devolvieron las 92 cajas de anchovetas, cuando “se trata de una afirmación que no ha sido probada de modo alguno por los acusados”.

Para la Sala Penal ha quedado de manifiesto que la jueza penal “actuó con evidente arbitrariedad, hecho que debe de censurarse” para absolver a los acusados.

Al momento que ocurrieron los hechos, Dante Salas era gerente de Asuntos Sociales, Oscar Ortíz de Zevallos era administrador del Programa de Complementación Alimentaria, Luis Alberto Calle Aguirre, almacenero; y Celis Rivera, personal de apoyo.

“A la magistrada de primera instancia no sólo le bastó transcribir lo que resultó del juicio oral para tener por no acreditado el delito; sino que lo hizo, recurriendo exclusivamente a la declaración plenaria de los encausados, a las cuales otorgó una inusual capacidad corroborativa, como si se tratara de la prueba más confiable practicada en el juicio”
Resolución Sala Penal de Apelaciones.