La Segunda Sala de Apelaciones resolvió anoche por unanimidad anular la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho que ordenaba la detención preliminar por 10 días de la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y otras 19 personas, investigadas por lavado de activos a partid de los supuestos aportes ilegales de la transnacional Odebrecht a su campaña electoral presidencial. Y ordenó que otro juez resuelva el pedido de la Fiscalía de detención preliminar por diez de los 20 investigados.

Tras la decisión judicial, Fujimori Higuchi fue puesta en libertad conjuntamente con los otros detenidos, al octavo  días de su detención.

A la lideresa fujimorista se le investiga como presunta cabecilla de una organización criminal, establecida dentro del partido político que preside, y que se habría dedicado al lavado de activos provenientes de aportes de campaña de la constructora brasileña Odebrecht por más de 1 millón de dólares, refiere el portal Convoca.

Según el portal, los otros beneficiados con la resolución de la Sala de Apelaciones son Adriana Tarazona —extesorera del Fuerza Popular—, el exministro fujimorista Augusto Bedoya Camere, Marizol Valle Chong —esposa del parlamentario Rolando Reátegui—, Erick Matto Monge —reclutador de falsos aportantes— y el ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, quien continúa en Estados Unidos. Todos ellos apelaron la decisión de Concepción Carhuancho.

Otras 14 personas incluidas en la medida de arresto preliminar también serán excarceladas. Aunque no apelaron la decisión de Concepción, la nulidad de esta les favorece, precisa Convoca.

La audiencia de apelación empezó a las 10 de la mañana. El encargado de defender el pedido de prisión preliminar fue el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador de las fiscalías de lavado de activos.

Los jueces César Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe sustentaron su fallo en que el juez Concepción Carhuancho no ha justificado con suficiencia el peligro de fuga, así como la ausencia de arraigo familiar, domiciliario y laboral de los implicados en su medida.

En muchos casos, indicaron, el juez ha transcrito textualmente los argumentos planteados por la fiscalía y ha añadido elementos que no fueron solicitados.

La Sala advirtió que cuando se toma una resolución sin escuchar a la parte afectada, como en este caso y donde está de por medio la libertad personal,  el juez de garantías está obligado a reforzar su fundamentación. Eso implica, según la Sala, que debe analizar el requerimiento del fiscal y contrastarlo con los elementos de convicción.

Por esas consideraciones, establecieron que solo en este incidente, otro juez debe resolver la solicitud de la Fiscalía de detención preventiva contra Fujimori y los otros 19 investigados.

Integrantes de la Sala de Apelaciones.